La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó su fallo para definir si los militares que incurran en falsedad de declaraciones y rindan informes falsos ante una autoridad, para involucrar en delitos a civiles, deben ser juzgados o no por tribunales ordinarios o del fuero castrense.
El Pleno de la Corte inició el debate de un conflicto competencial para aclarar quién debe juzgar a tres militares acusados de falsedad en declaraciones y fabricación de pruebas, que en marzo de 2011 afirmaron haber detenido a un civil con un vehículo en el que se ubicó un costal con tres kilos de mariguana.
Aunque en la sesión de este lunes cinco ministros se pronunciaron porque dichos asuntos sean resueltos por jueces federales, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pidió a sus homólogos definir criterios más puntuales sobre los límites que debe tener el fuero militar, o si en todos los casos se usará el criterio adoptado en el fallo Rosendo Radilla.
Esto se originó después de que el 22 de marzo de 2010, los tenientes de infantería Clemente Hernández Jiménez, Antonio Martínez Hernández y el cabo Aníbal Fernández Rangel, presentaron a un civil ante el agente del Ministerio Público Federal de la ciudad de Morelia, Michoacán, a quien supuestamente lo encontraron en posesión de una camioneta en cuyo interior había un costal con mariguana.
Al integrar su averiguación previa el agente de la Procuraduría General de la República (PGR) detectó inconsistencias en la declaración rendida por los militares, por lo que decidió dar parte al juez castrense adscrito a la Quinta Región Militar, quien también comenzó su propia indagatoria.
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