Foto: Cámara de Diputados
Al instalar la Comisión Jurisdiccional, su presidente, el diputado José Rangel Espinosa (PRI) mencionó que el objetivo primordial es acatar los estatutos oficiales establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Explicó que el propósito de la Comisión es cumplir con lo establecido en el artículo 110 de la Constitución, el cual señala que podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
De igual manera el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral.
También los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, Gobernadores, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y Consejos de las Judicaturas Locales.
Agregó que estos funcionarios sólo podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves, por manejo indebido de fondos y recursos federales. En este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
Rangel Espinosa confió en que la Comisión no tenga trabajo, ya que “a diferencia de otras comisiones la meta es que no haya nada que hacer. Finalmente –enfatizó- todos los funcionarios públicos son nuestros compañeros y no quisiéramos vernos en la circunstancia de sancionarlos”.
En este sentido, el diputado Domitilo Posadas Hernández (PRD) señaló que la Comisión requiere de integrantes con vocación institucional y de respeto a los derechos de las personas y al Estado de derecho.
Recordó “lo sucedido con el caso del ex Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, donde se hizo de la facultad legal para hacer el desafuero político. Ojalá que casos como éste no se repitan y en caso de se tenga material para dictaminar que las decisiones estén apegadas a derecho”, concluyó.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) afirmó que la Comisión coadyuvará para que los servidores públicos cumplan con su función adecuadamente.
El diputado Alejandro Carbajal González (PRD) mencionó que tiene la esperanza de la Comisión no tenga la necesidad de sesionar y someter a un procedimiento de estas características a ningún funcionario o gobernador. Refirió que de ser así se garantizará el Estado de derecho, ya que es el reflejo de la estabilidad social.
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