Foto: Senado
El senador panista Rubén Camarillo Ortega presentó este jueves una iniciativa para expedir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La propuesta establece las bases de cooperación entre la Federación y las entidades para garantizar la vida, integridad física, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situaciones de riesgo por su defensa a los derechos humanos y su ejercicio de la libertad de expresión y periodismo.
Camarillo Ortega destacó que el proyecto de decreto atiende un reclamo de las organizaciones civiles y cuenta con el respaldo de más de 60 senadores de los diferentes grupos parlamentarios, entre ellos, los coordinadores del PAN, José González Morfín; del PRI, Manlio Fabio Beltrones; y del PRD, Carlos Navarrete Ruiz.
Ello, porque el problema de inseguridad que padece nuestro país “adquiere una dimensión especial” cuando alcanza a los de defensores de los derechos humanos y a los periodistas.
Dijo que en el Congreso “tenemos la obligación de prevenir que se presente cualquier tipo de agresión contra estos grupos”, que en México ya se han convertido en sectores vulnerables.
La Ley, dijo, servirá para que “ya no tengamos que lamentar” casos como el de la señora Marisela Reyes Salazar, en Ciudad Juárez; de Nepomuceno Moreno, en Sonora; de Norma y María Luisa Andrade, en Chihuahua; de Agnes Torres, en Puebla; Maximino García en Oaxaca; Anabel Hernández y Alejandro Cereso, en el Distrito Federal, o el de la Revista Luces del Siglo en Quintana Roo.
El legislador resaltó que la situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas como consecuencia del incremento de la violencia, la falta reconocimiento a su trabajo y los altos niveles de impunidad “es un aspecto preocupante a nivel nacional e internacional”.
En este sentido, el nuevo ordenamiento crea el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
Se prevé que dicho mecanismo sea operado por la Secretaría de Gobernación y esté integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.
Para su operación eficiente se plantea que la Coordinación sea la encargada de coadyuvar en la materia con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y los organismos públicos autónomos.
Además, estará a cargo de coordinar las actividades de tres unidades de carácter técnico para la recepción de solicitudes de incorporación, dar respuesta a los casos de urgencia, realizar evaluaciones de riesgo y definir medidas preventivas o prevención, así como su temporalidad.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos.
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