Foto: Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para que los centros penitenciarios del país cuenten con equipos de bloqueo o anulen las señales de telefonía móvil, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro de sus perímetros.
Las reformas a los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal; las leyes Federal de Telecomunicaciones y la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, derogan el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), inhiben el robo de teléfonos celulares y refuerzan el marco legal para que el Estado investigue con mayor eficacia los delitos cometidos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y amenazas.
En el dictamen a la minuta aprobada por 315 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, se indica que los equipos de bloqueo serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos, contarán con sistemas automáticos que envíen señales de alarma ante cualquier interrupción en su funcionalidad y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.
El bloqueo de señales podrá extenderse hasta veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos, a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos.
El documento destaca que la Procuraduría General de la República (PGR) o servidores públicos podrán solicitar, por oficio o medios electrónicos, a los concesionaros o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos móviles de comunicación asociados a una línea que se encuentren relacionados con la investigación.
Se establece que al responsable operativo del concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones que tenga asignada la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas y que se rehusare a hacerlo de forma dolosa, se le impondrán de doscientos cincuenta a dos mil quinientos días de multa.
Los concesionarios deberán garantizar que los equipos de comunicación móvil cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio de forma automática a un sistema nacional de atención de emergencias, a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades o de los municipios, en el ámbito de su competencia.
De igual modo, se establece que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Telecomunicaciones deberán informar sobre el uso de los datos del Renaut, en donde se incluya las medidas destinadas a garantizar su debido resguardo y eventual cancelación, dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Inhibir uso de celulares en cárceles
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI) dijo que con la reforma se busca inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios con que cuenta el país, así como atacar la delincuencia organizada, los delitos contra la salud, las extorsiones telefónicas y las amenazas.
Refirió que cada día se realizan seis mil llamadas desde el interior de los reclusorios para extorsionar telefónicamente, aun cuando está prohibida la utilización de teléfonos móviles, “por la corrupción que impera en los centros penitenciarios del país”.
Con el dictamen, afirmó, se deroga el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, “que ha sido un fracaso”; se inhibe la utilización de teléfonos celulares para la comisión de delitos de delincuencia organizada, por lo que se obliga al Consejo Nacional de Seguridad Pública a colocar en cada centro penitenciario una antena de bloqueo para llamadas a teléfonos celulares.
Fin al Renaut
El presidente de la Comisión de Comunicaciones, diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (PRI) expresó que se elimina la figura del Renaut y se establecen medidas eficaces para contribuir a la inhibición y reducción de la comisión de delitos relacionados con amenaza, secuestro y extorsión.
Mencionó que se elevan los niveles de seguridad pública, pues se obliga a los concesionarios a contribuir a la localización en tiempo real del teléfono móvil de donde se está llevando a cabo una llamada que implique la comisión de algún delito, así como dar de baja las líneas telefónicas de aquellos aparatos señalados como robados o extraviados ante la autoridad competente.
Indicó que es fundamental el bloqueo de señales dentro y en el perímetro de las cárceles, así como establecer la obligación de los concesionarios de incorporar dispositivos en los teléfonos móviles para que los usuarios que se encuentren en una situación de emergencia puedan llevar a cabo llamadas a las autoridades competentes y con ello reciban su auxilio.
Fortalecer actuación de autoridades
El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) resaltó que es un dictamen que aporta las soluciones que van a darle mayor fuerza a la actuación de las autoridades en materia de seguridad pública.
“Tenemos la esperanza de que estas reformas sean una mejor solución que la que se propuso en la legislatura pasada, que tenía que ver con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por lo que proponemos soluciones que seguramente serán más eficaces que ese registro”, abundó.
Puntualizó que la población no puede seguir a la expectativa de que se hagan los cambios necesarios para que las autoridades tengan a la mano las herramientas para combatir los delitos, sobre todo el secuestro.
El diputado Martín García Avilés (PRD) expresó que un gran número de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del delito provienen de centros de readaptación social o “escuelas del crimen”, que tienen facilidades para acceder a los teléfonos y radios, y desde ahí causar menoscabo en los derechos humanos, causando daño psicológico y psicosis.
La diputada Nancy González Ulloa (PAN) reconoció que la creación del Renaut no rindió frutos en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión, pero con este dictamen se está ante la oportunidad y responsabilidad de generar herramientas eficaces para acabar con el crimen organizado.
Del PRI, la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado expuso que las reformas ayudan a controlar un grave problema que se tiene en los reclusorios del país, pues garantiza que todos los establecimientos penitenciarios federales o estatales, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular, de manera permanente, las señales de telefonía celular, de radio comunicación, de transmisión de datos e imagen.
El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) añadió que con el dictamen se crea un instrumento eficaz con el apoyo no solamente de la estructura jurídica del país, sino de la tecnología. “Estoy completamente seguro que disposiciones de esta naturaleza no violentan ninguna constitucional y por supuesto ninguna metaconstitucional”.
Al hablar en contra, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) argumentó que se trata de un dictamen que reduce la libertad de las personas y concede inmensos poderes al Ministerio Público federal.
“Me parece gravísimo que limitemos el derecho de defensa y ordenemos el bloqueo de señales en los centros penitenciarios, limitando las posibilidades al acceso a la defensa de las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas”.
Por el PT, el diputado Mario Alberto Di Costanzo Armenta manifestó su voto en contra, “dado que es absurdo que se le den poderes discrecionales a la PGR, para que cometa cuanta arbitrariedad pueda o quiera. No sigamos siendo la comparsa de las arbitrariedades que se han cometido en nombre de la seguridad pública. No sigamos permitiendo esta violación a los derechos humanos y a los individuales”.
Aprobado en lo general y particular, el dictamen que reforma los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal; las leyes Federal de Telecomunicaciones y la que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, se mandó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
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