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Tras cinco años de que la comunidad internacional pidiera a México restringir el fuero castrense, el pleno del Senado aprobó una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los tribunales civiles juzguen a integrantes de las fuerzas armadas que cometan violaciones a Derechos Humanos (DH) de civiles.
A unos días de que termine el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, este 30 de abril, por unanimidad de 106 votos el pleno del Senado aprobó el dictamen en materia de justicia castrense, mismo que no estaba previsto para ser discutido pero que ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación.
La aprobación se dio horas después de que las comisiones unidas de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera, y Estudios Legislativos Segunda –con opinión de la de Marina– aprobaran el dictamen en materia de justicia militar, que permitirá que casos como violaciones sexuales sean juzgadas en tribunales ordinarios.
Según la reforma, la jurisdicción militar persiste pero la fracción II del artículo 57 dirá que no son delitos del fuero castrense aquéllos en los que la víctima sea civil. Es decir, los ilícitos cometidos por militares contra civiles podrán ser juzgados en los tribunales ordinarios, donde –han considerado defensores de DH– habrá mayores condiciones de imparcialidad y justicia.
En la reunión de comisiones la senadora por el PRI Arely Gómez González, secretaria de la Comisión de Justicia, afirmó que la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar es la más trascedente de este dictamen, y responde a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que en 2009 y después en 2010 condenó a México a limitar la jurisdicción castrense.
La CoIDH condenó a México por la violación sexual en 2002 de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo; la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1994, y la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999; todos estos abusos cometidos por soldados.
Al respecto, la legisladora declaró: “Con este dictamen, estas comisiones unidas buscamos la modernización de la justicia militar, que al mismo tiempo que respete plenamente los Derechos Humanos mantenga la disciplina militar y la integridad de esta importante institución”.
Gómez González agregó que desde el Poder Legislativo se busca cumplir con las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con las recomendaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU, y con la sentencias de la Suprema Corte de Justicia que en 2011 dijo que se debía restringir el fuero castrense.
La senadora reconoció el trabajo de organizaciones civiles como los centros de Derechos Humanos Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A su vez, el senador por el PRD Alejandro Encinas recalcó que con este dictamen se cerró un importante ciclo de discusiones que inició en 2009 cuando en la Cámara de Diputados se analizaron varias iniciativas en la materia.
El perredista destacó que el fuero militar generó un marco propicio para el abuso y la violación de DH en actividades en las que se involucran elementos de las fuerzas armadas. En este sentido, dijo que se abre una nueva relación entre las secretarías de la Defensa Nacional y Marina y el Congreso de la Unión.
El dictamen fue producto de ocho iniciativas que fueron presentadas en el Senado entre 2009 y 2013, y luego de audiencias públicas en las que participaron académicos, activistas y representantes de las fuerzas armadas.
La también senadora del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, dijo que aunque su comisión no participó en el dictamen hubo apertura para escuchar sus opiniones de un tema que durante mucho tiempo fue “tabú” en México.
=AGM=
(CIMAC)
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