Foto: Cámara de Diputados
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones para establecer un nuevo diseño de sistema penitenciario, que plantea el respeto irrestricto a los derechos humanos hacia el interior de las cárceles y aplica el principio constitucional de presunción de inocencia.
El presidente de este órgano legislativo, diputado Humberto Benítez Treviño (PRI), dijo que con este nuevo ordenamiento se establece un sistema de clasificación de internos, para distinguir entre procesados y sentenciados.
Abundó que actualmente existen 223 mil internos en todo el país, “el 60 por ciento son procesados y el 40 son sentenciados. Hay un enorme problema de corrupción que debemos atender; primero, con penales adecuados, porque hay sobrepoblación, entonces cualquier programa a implementar será un fracaso”.
Agregó que se ha detectado que en cada uno de los 429 penales del país se deben poner antenas inhibitorias para llamadas de teléfonos celulares; “solamente hay 17 en el país, y se ha descubierto que de las seis mil llamadas diarias por extorsión telefónica, el 90 por ciento provienen del interior de los reclusorios”.
“Sabemos que a pesar de que no están permitidos los celulares en los reclusorios existe una enorme corrupción dentro de ellos; entonces, esta nueva ley viene a terminar con este fenómeno, viene a establecer un sistema de clasificación de internos y crea una figura importante, como es la del juez ejecutor de sentencias”, aseveró.
El legislador detalló que al tener una sola autoridad como es el juez ejecutor de sentencias, éste verá la duración de la pena y dará los trámites correspondientes a los reclusos.
Benítez Treviño afirmó que en la nueva ley se establece un sistema integral de justicia para adolescentes en materia penal, con ministerios públicos y jueces especializados en este sector.
También, continuó, se propone existan penales especializados para criminales integrantes de la delincuencia organizada, “hoy todos están revueltos, por eso está colapsando el sistema”.
Señaló que anteriormente “presenté un punto de acuerdo exigiéndole al Gobierno Federal que estableciera un centro de alta peligrosidad en las Islas Marías; allá hay capacidad para seis mil internos y actualmente se tiene cinco mil 400; es viable”.
El legislador añadió que este nuevo ordenamiento “reglamentario del artículo 18 Constitucional tienen cuatro ejes rectores de la reinserción social: la educación, el trabajo, la salud y el deporte; en él se establecen derechos pero también delimitaciones para los procesados y los sentenciados”.
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