Foto: Cámara de Diputados
Las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública aprobaron, por unanimidad, la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones Penales, que establece un sistema de clasificación de internos e incorpora la figura de Juez Ejecutor de Sentencias.
En este sentido, la propuesta es incluir al nuevo criterio político-criminal de la reforma constitucional de 2008, el concepto de reinserción social, en lugar de readaptación social, ya que aquél pretende garantizar el equilibrio entre la legalidad de la ejecución de las penas y la seguridad de las instituciones penitenciarias, evitando de esta forma los abusos y la violación a derechos característicos del segundo modelo.
Entre los apartados que enfatiza la Ley se encuentran los siguientes: objetivos y principios de la ejecución de las sanciones penales y de la reinserción social; competencias y autoridades; derechos de las personas privadas de la libertad; la ejecución de las sanciones privativa y restrictiva de libertad, de las sanciones no privativas de libertad y de las medidas de seguridad.
Así como el procedimiento judicial de ejecución y los medios de impugnación; los derechos y obligaciones de los procesados sujetos a prisión preventiva; el sistema de reinserción social sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte; y los procedimientos de beneficios para la disminución de la pena.
Lo anterior con la finalidad de cumplir con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 para que se reglamente el sistema penitenciario mexicano.
El presidente de la Comisión de Justicia, Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI) afirmó que la reinserción social hoy en día es un fracaso, por lo que esta ley crea un equilibrio entre partes, incorpora la figura del Juez Ejecutor de Sentencias; equilibra el tratamiento con las obligaciones por parte de las autoridades, con los derechos de los inculpados, “pero, sobre todo, con el pago de la reparación del daño a las víctimas de los delitos”.
Señaló que actualmente existe una sobrepoblación del 29 por ciento en los 431 centros penitenciarios del país y que cinco entidades del orden federal albergan al 50 por ciento de toda la población penitenciaria, que representa casi 100 mil internos. “En los penales del DF hay sobrepoblación del 100 por ciento, en el Estado de México del 90 por ciento, Jalisco del 80 por ciento”.
Subrayó que las aulas de estudio y los talleres de capacitación están convertidos en dormitorios, “la salud y el deporte no existen y en las autoridades administrativas priva una enorme corrupción”.
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