Foto: Cámara de Diputados
Con el voto en contra del PRD, Movimiento Ciudadano y PT, la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en lo general el dictamen de la minuta que reforma la Ley Federal del Trabajo, remitida por el Senado de la República.
El órgano legislativo avaló con 22 votos a favor y ocho en contra, la adición de los artículos 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis, así como las modificaciones al 371 y 373.
Para su discusión en lo particular, los diputados Luisa María Alcalde Luján (MC), José Arturo López Cándido (PT) y Alejandro Carbajal González y Margarita Elena Tapia Fonllem, del PRD, reservaron los artículos 388 bis y 390 que habían sido eliminados del dictamen, proponiendo su reincorporación tal como venía en la minuta aprobada por el Senado de la República.
Al alcanzar en dos ocasiones, un empate de 15 legisladores a favor y 15 en contra en la votación de ambos reservados, se resolvió, de acuerdo con la Ley Orgánica, llevarlos a votación al Pleno para que sea éste el que determine si procede o no su reincorporación.
De acuerdo con el dictamen, la inclusión del artículo 388 bis no formaba parte de la iniciativa preferente remitida por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.
Dicho precepto que fue incorporado por el Senado establecía los requisitos y procedimientos que un sindicato debería cumplir para celebrar un contrato colectivo de trabajo. De igual forma, comprendía que mediante el voto libre, directo y secreto, los trabajadores podrían elegir entre los sindicatos solicitantes o manifestar su oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo.
De haberse aprobado, señala el dictamen, se provocaría un conflicto normativo, ya que la incorporación es incongruente con el ejercicio del derecho de huelga por la firma de un contrato colectivo, contenido en los artículos 387 y 450 de la Ley Federal del Trabajo.
De igual forma, refiere, se excluyó el artículo 390, por considerar que afectaría sensiblemente la estabilidad laboral, al posibilitar escenarios de confrontación entre trabajadores e intersindicales, derivada de los procesos de firma de contrato colectivo, además de que provocaría lesión y precarización del trabajo y de las prestaciones laborales.
Por otra parte, el dictamen validó que las adiciones de los artículos 364 bis y 365 bis dejan claro que el registro de los sindicatos deberá ser público y bajo principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, equidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical.
Los artículos 391 bis y 424 bis para establecer que las juntas de conciliación y arbitraje harán públicos los contratos colectivos de trabajo y los reglamentos interiores de los sindicatos a fin de que cualquier persona pueda consultar esa información, también fueron aceptados.
Respecto al artículo 371, la Comisión aceptó la modificación relativa al procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la asamblea general; de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta.
Finalmente, aprobó el artículo 373 en el que se establece que las directivas de los sindicatos deberán informar, por lo menos cada seis meses a sus agremiados, sobre la cuenta, completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Igualmente, plantea que la rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.
Al hablar en contra del dictamen, la diputada Luisa María Alcalde Luján (Movimiento Ciudadano) señaló que al eliminar el artículo 388 bis se les quita a los trabajadores la oportunidad de elevar su nivel de vida y se consecuentan el corporativismo y la corrupción. “La aprobación de este dictamen es lamentable, es un crimen y una traición para los trabajadores”.
El diputado José Alfredo Botello Montes (PAN) fijó su postura a favor del dictamen, “ya que después de 42 años se cristaliza la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia en el ámbito laboral, al establecerse por ley que de manera pública se informe al trabajador sobre el manejo de las finanzas de sus cuotas sindicales”.
El diputado Arturo Cruz Ramírez (PRD) dijo que está en contra del dictamen porque elimina el artículo 388 bis que permite a la clase trabajadora aceptar el contrato colectivo de su preferencia, garantizando la libre elección del trabajador. “La propuesta a discusión deja al trabajador en la vulnerabilidad fiscal, laboral y social”.
En tanto, el diputado Fernando Salgado Delgado (PRI) afirmó que la reforma representa un avance fundamental en los temas de democracia, transparencia y seguridad jurídica para los trabajadores. “Se establecen motivos de peso suficientes para darle seguridad jurídica y garantizar la estabilidad del empleo para que tengan la posibilidad de tener un ingreso mucho mayor”.
Por su parte, el diputado Martí Batres Guadarrama (PRD) subrayó que con la propuesta de reforma se pretende mermar el costo de la fuerza de trabajo, disminuyendo el salario, las prestaciones y el costo de la fuerza de trabajo. “De esta forma que se ofrece al trabajador como una mercancía barata al inversionista extranjero”.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) afirmó que con esta reforma no se contradice el texto constitucional, “por eso suscribimos a favor de dar certidumbre a los trabajadores y a los empresarios para lograr la generación de empleos que el país demanda”.
Al fijar la postura de su grupo parlamentario, el petista Arturo López Cándido consideró que la reforma está hecha a la medida de los empresarios y con ella sólo se vulnerará a los sindicatos, la garantía del empleo, la seguridad social y no habrá mejoras en las condiciones de trabajo.
Por su parte, al hablar a favor, la legisladora Esther Quintana Salinas (PAN) aseguró que la iniciativa del presidente Calderón es perfectible, “pero, sin duda, abre la puerta para que se enriquezca, nuestra labor será redactar iniciativas que la enriquezcan, pero es la base para buscar un mejor futuro para los trabajadores”.
El diputado Silvano Blanco Deaquino (PRD), al pronunciarse en contra, advirtió que de aprobar la reforma se provocará una inestabilidad social muy fuerte. “Si bien es cierto que esta normatividad tiene algunos aspectos que pudiesen considerarse positivos, en el fondo lesiona los derechos de millones de trabajadores”.
El legislador Tomás Torres Mercado (PVEM) dijo que su grupo parlamentario votará a favor “no obstante que existen aspectos en los que no coinciden totalmente, pero que pueden perfeccionarse a corto plazo. Se requiere de un compromiso político que beneficie a los más de 50 millones de pobres que tiene este país”, dijo.
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