Foto: Senado de la República
Por unanimidad, el Senado aprobó el dictamen que expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que el Estado implemente medidas de prevención que garanticen la vida y seguridad de quienes se dedican a esas actividades y se encuentren en situación de riesgo.
Asimismo, creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que será operado por la Secretaría de Gobernación e integrado por una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional.
En este sentido, los legisladores precisaron que será la Junta de Gobierno la instancia máxima y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de esas personas.
Además, dejaron en claro que una vez definidas las medidas de protección por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgos, la Junta tendrá 72 horas para comunicar los acuerdos y resoluciones a las autoridades correspondientes y un plazo de 30 días naturales para implementarlas.
Dichas medidas deberán “reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas”.
En ningún caso –subrayaron– se restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.
Las tareas de protección incluirán entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona, chalecos antibalas, detector de metales y autos blindados.
También, se instituye un Fondo, cuyo objetivo será obtener recursos económicos adicionales a los previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se destinarán exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas y urgentes de protección.
Durante la discusión del proyecto, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de los periodistas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el país por ejercer su labor.
Manifestaron su preocupación, ya que en los últimos años México se ha convertido en uno de los países en donde se dificulta más el ejercicio de esas dos actividades, que son “torales y derechos fundamentales que deben estar garantizados”.
En el documento avalado se menciona que diversos organismos internacionales han señalado a nuestro país como peligroso para la defensa de los derechos humanos por las constantes amenazas, acoso e intimidación que enfrenta este sector.
Ello, se indica, se debe a factores como el incremento de la violencia, la falta de reconocimiento al trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como a los niveles altos de impunidad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que de enero de 2005 a mayo de 2011, ha iniciado 523 expedientes y solicitado 156 medidas cautelares, lo que ha generado 33 recomendaciones y un informe especial.
Al hablar a favor, el senador panista Rubén Camarillo Ortega explicó que con la aprobación del dictamen “apoyamos a que en México los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor con plena seguridad y libertad”.
Destacó que la reforma es producto de un trabajo colaborativo que inició en 2011 y se llevaron a acabo tres reuniones públicas, más de 20 privadas y 24 encuentros en una mesa de trabajo instalada con representantes de organizaciones civiles, asesores legislativos y funcionarios federales.
Dijo que con la creación de este mecanismo nacional de protección se estipula la responsabilidad del ámbito federal, define estructuras de los programas de protección, se establece la cooperación con los estados, además de que incorpora la experiencia y las recomendaciones que se han hecho a México a nivel internacional efectuadas en esta materia.
También del PAN, el senador Ricardo García Cervantes destacó la “urgencia y necesidad” de la Ley por las persistentes amenazas, hostigamiento y muerte que han padecido los defensores de derechos humanos y periodistas.
El legislador rechazó la situación de amenazas y muerte que han padecido la señora Marisela Reyes Salazar, en Ciudad Juárez; Nepomuceno Moreno, en Sonora; Norma y María Luisa Andrade, en Chihuahua; Agnes Torres, en Puebla; Maximino García en Oaxaca; Anabel Hernández y Alejandro Cereso, en el Distrito Federal, así como el de la Revista Luces del Siglo en Quintana Roo.
Estos casos y los que no están documentos, dijo, “no deben de quedar impunes y es una exigencia de justicia insistir en que los asesinatos de defensores de derechos humanos y de periodistas no sólo sean estadísticas, sino motivo de acción, cooperación y administración de justicia en nuestro país”.
A su vez, el senador priista Fernando Castro Trenti comentó que con este esfuerzo legislativo se otorga el marco que se requería para los defensores de los derechos humanos y periodistas, “ya que ellos conforman una comunidad que ha entregado su vida, dedicación y esmero a la salvaguarda de los intereses de la sociedad”.
Por ello, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que “reciba y acompañe en breve” este documento “porque no podemos concluir nuestra responsabilidad legislativa sin haber sentado un precedente y haber generado un método de carácter legal que permita que esta actividad sea prestada en lo mejores términos, condiciones y con las menores limitaciones”.
“La comunidad de periodistas –añadió– no cuenta con un sistema de previsión social que le permita no sólo acumular experiencia sino también transferir la seguridad social que le corresponde por su actividad a su familia”.
A nombre del grupo parlamentario del PRD, el senador José Luis Máximo García Zalvidea reiteró que en lo que va del presente gobierno 63 defensores de derechos humanos y luchadores sociales han sido asesinados, seis de ellos entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011.
“Comandos armados, grupos paramilitares y policías –afirmó– estarían implicados en los operativos para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad”.
El legislador se pronunció por no olvidar los nombres de quienes perdieron la vida por ejercer estas labores y propuso un minuto de silencio en su memoria.
El senador perredista Carlos Sotelo García subrayó que en México se vive una situación de extrema fragilidad, porque cuando se comente un asesinato en contra de un defensor de derechos humanos se afecta el interés fundamental de sectores amplios de la sociedad.
Consideró que con esta legislación “no se está otorgando un privilegio”, sino que ayuda a que en México se consoliden y preserven derechos fundamentales.
En tanto, el senador Julián Güitrón Fuentevilla, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión en México.
Señaló que las amenazas y hostigamiento son prácticas cotidianas a las que se somete el periodismo principalmente el local que cubre temas de corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico y seguridad pública.
Por ello, resaltó que es deber del Estado prevenir e investigar esos hechos, así como sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.
El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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