Foto: CNN México
El Estado mexicano informó a la ONU que la aprobación de una reforma para acotar el fuero militar y evitar que las violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por soldados sean investigadas y juzgadas por tribunales militares, es uno de los “principales retos” en materia de justicia.
En el Segundo Informe de México ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno mexicano afirmó que en el Congreso de la Unión existen diversas iniciativas para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, y adelantó que en el próximo periodo de sesiones se tendrá una reforma en la materia.
“La Comisión de Justicia del Senado ha considerado estas iniciativas y realizará una serie de foros con expertos, autoridades y Organizaciones de la Sociedad Civil, para contar con una propuesta final que se someta a aprobación del Legislativo durante el próximo periodo de sesiones”, dijo el Estado mexicano en su informe.
Ésta fue la respuesta que dio a propósito de la evaluación a la que será sometido el próximo 23 de octubre en Ginebra, Suiza.
El tema del fuero militar fue debatido en 2009 durante el primer EPU realizado a nuestro país cuando las autoridades mexicanas rechazaron las recomendaciones para garantizar que la justicia civil fuera la autoridad competente en los casos de violaciones a DH de civiles cometidas por militares.
El Estado mexicano se limitó a decir que consideraría las recomendaciones hechas por Irlanda, Canadá y Azerbaiyán, para revisar el Código de Justicia Militar, e investigar exhaustivamente los abusos cometidos por militares y poner fin al clima de impunidad.
No obstante, en este segundo informe elaborado por la Secretaría de Relaciones Exteriores con reportes de otras dependencias, el tono cambió y ahora se informa que en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, y reconoció que las víctimas podrían ampararse para impedir que sus casos fueran a tribunales castrenses.
El gobierno mexicano también adelantó que la Comisión de Justicia del Senado tiene un dictamen listo para ser aprobado en el periodo de sesiones que comienza el próximo 1 de septiembre y finaliza el 15 de diciembre. Aunque las y los legisladores de la Cámara alta dijeron que en este mes se realizarían foros de consulta sobre la iniciativa, hasta el momento no se han llevado a cabo.
Sobre este tema, el informe dice que es importante resaltar que, entre mediados de 2012 y julio de 2013, la Procuraduría de Justicia Militar y los juzgados militares han declinado a las autoridades civiles 231 averiguaciones previas y 180 causas penales en casos de violación de DH contra civiles.
Además agrega que la Procuraduría General de la República (PGR) está en proceso de revisar los expedientes que le competen a fin de que las víctimas tengan acceso a la justicia. Caber recordar que dos casos que están en manos de la PGR son los de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por soldados en 2002.
Por esos casos, en octubre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México por su responsabilidad en la violación sexual de ambas mujeres; sin embargo han pasado tres años desde el fallo internacional y ni las autoridades militares ni civiles han dado con los responsables de los hechos.
=CIMAC=
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