Foto: CDHDF
En el año 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) atendió 37 mil casos de violencia en contra de las mujeres, a través de sus áreas de Orientación, Prevención y Defensa.
Lo anterior, lo señaló el Director de Capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos de la CDHDF, José Rafael Grijalva Eternod, en el marco de la inauguración del Seminario Realidades actuales en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Calificó también como muy lamentable la situación y las realidades sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres, y agregó que también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la mayoría de casos que llegaron de México tienen que ver con violencia de género: caso Fernández Ortega, caso Rosendo Cantú y caso Campo Algodonero.
Pareciera, lamentó Grijalva Eternod, que en México las mujeres que sufren violencia tienen que acudir a instancias internacionales, porque en nuestro país no se les cree y no se hace nada por lo que les pasa, dudamos de los que les sucede o las culpabilizamos: ‘Algo estarías buscando’, ‘Algo estarías haciendo’ o ‘Te lo mereces’.
Dijo que, en el marco del Informe que México rindió en julio de este año ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CERD, por sus siglas en inglés), la lucha contra la delincuencia organizada está afectando directamente a las mujeres, ya que de acuerdo con este organismo internacional “La lucha contra la delincuencia organizada es uno de los principales factores que afectan el ejercicio de derechos de las mujeres”.
No obstante, señaló que, de acuerdo con el Comité, el Estado mexicano hace un trabajo de lobbyng o cabildeo, para minimizar ese fenómeno de violencia.
“Y agregaría yo: para esconderlo, para que no salga a la luz, porque el Estado sigue permitiendo violencia doméstica, desapariciones forzadas de mujeres, feminicidios y tortura; porque no hay una investigación diligente de este tipo de hechos, ya a nivel federal, como estatal, donde tampoco se les proporciona la debida reparación por la violación de sus derechos”, sostuvo.
Dijo que, de acuerdo con Naciones Unidas el Estado debe adoptar medidas para eliminar prácticas discriminatorias hacia la mujer en temas como la violación sexual, de la que existen muchos casos registrados, en el marco de los operativos en contra de la delincuencia organizada, tanto por elementos de la Policía Federal como de militares.
En cuanto a las desapariciones forzadas, advirtió Grijalva Eternod, ni siquiera hay un registro oficial sobre el fenómeno en el país, mucho menos desagregado sobre el número de mujeres desaparecidas; además de que en estados como Veracruz, Chihuahua o Nuevo León, ese tipo de conductas ni siquiera constituyen un delito.
De acuerdo con el CERD, insistió, el delito de feminicidio coloca en los primeros lugares a Ciudad Juárez, Chihuahua y al Estado de México, aunque parece que no se percibe así, gracias también al cabildeo que realiza el Estado mexicano.
En referencia a los retos sobre la situación de los derechos de las mujeres en México, explicó que continúan pendientes la participación política, especialmente de las mujeres indígenas; el sistema penitenciario, pensado desde una perspectiva masculina, ya que no cuentan con ginecólogos, ni con las condiciones mínimas para el ejercicio de su derecho a la salud, a la maternidad y a la lactancia En la inauguración del Seminario, en la que también estuvo presente la Representante del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA), Maribel Aguirre Dugua, Grijalva Eternod subrayó que la primera línea de defensa de los derechos humanos pasa por el tamiz de los procesos educativos.
“Perspectiva desde la cual se analizarán las realidades a las que se refiere el Seminario, con el fin de generar procesos y mecanismos eficaces para la defensa”, concluyó.
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