Foto: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo dos amparos interpuestos contra la aprobación de los decretos 534 y 536 avalados por el Congreso del Estado para el refinanciamiento de la deuda adquirida durante la administración del priista Humberto Moreira, al considerar que son de trascendencia y susceptibles de afectar actos del Gobierno estatal.
Los amparos fueron atraídos por la SCJN para determinar si los ciudadanos tienen el derecho jurídico de reclamar al Congreso Local actos relacionados con la deuda pública, luego de que los amparos fueron desechados por el Juzgado II de Distrito.
En caso de que la SCJN determine que los amparos deben de proceder, será la Suprema Corte quien tendrá que resolver de fondo la inconstitucionalidad o no de los decretos, informó el abogado Reyes Flores Hurtado, publica en su portal de internet El Siglo de Torreón.
«Los amparos revisten las características de interés y trascendencia, toda vez que la cuestión jurídica es excepcional por su relevancia, novedad y eventual complejidad», señala el documento emitido por la Suprema Corte de Justicia. Asimismo informa que: «la decisión que llegue a emitirse es susceptible de afectar e impactar a los actos de gobierno relacionados con la deuda pública y la contratación de empréstitos«.
Los amparos atraídos por la SCJN con número de expediente 999/2011 y 1047/2011 fueron promovidos por el ciudadano Reyes Flores Hurtado en el mes de octubre, luego de que los diputados locales de la Legislatura 58 aprobaran los decretos 534 y 536, mediante los cuales se autorizó al Gobierno del Estado contratar créditos a fin de refinanciar la deuda coahuilense.
Debido a que el exgobernador Jorge Torres López no dio a conocer los documentos que avalan la inversión de la deuda de 33 mil 856 millones de pesos fue que ciudadanos y empresarios interpusieron amparos con el objetivo de anular su refinanciamiento.
«Si la Suprema Corte dio entrada a los amparos es porque considera que son de interés relevante y de aprobarlos el Gobierno de Coahuila tendría que modificar los decretos y refinanciarla de nuevo. Sólo la legal, la que se pueda comprobar«, explico Reyes Flores.
El abogado Reyes Flores Hurtado declaró que en Coahuila existen 600 amparos contra el llamado «Moreirazo».
La contratación de nuevos créditos para pagar la deuda coahuilense fue autorizado por los diputados locales y publicado el 29 de septiembre de 2011.
El pasado mes de marzo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito pidió a la Corte atraer siete amparos interpuestos por empresarios de La Laguna en contra del refinanciamiento de la deuda y la utilización del Impuesto Sobre Nómina para el pago de empréstitos. Estos amparos siguen en proceso.
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