Foto: SCJN.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, Defensores Comunitarios del Agua, presos en Huauchinango, Puebla, por defender el uso del vital líquido para toda su comunidad.
Así lo informaron a través de un comunicado las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría.
José Ramón y Pascual, originarios de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla, se desempeñaban como autoridades nahuas cuando fueron detenidos injustamente por su labor de defensa del acceso al agua para toda su comunidad.
Así, les fue fabricado un robo por el que están condenados a seis años de prisión. Por estos hechos, el Centro Prodh y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, sj., documentaron y asumieron su caso y el 29 de marzo de este año Amnistía Internacional los nombró presos de conciencia.
La atracción por unanimidad del amparo del caso de José Ramón y Pascual por la SCJN significa que su expediente será revisado exhaustivamente por el máximo órgano de justicia de México y, por lo tanto, que se podrá determinar su inocencia e inmediata liberación, al comprobarse la serie de violaciones a derechos humanos que han sufrido.
Siguiendo con lo anterior, la SCJN tiene ahora la oportunidad de sentar precedentes para contribuir a la generación de condiciones de justicia para sectores sociales con una situación de especial vulnerabilidad, manifestaron las organizaciones.
En este sentido, «la injusta prisión de José Ramón y Pascual representa a todas aquellas personas que son criminalizadas por su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos, pero también a quienes son vulnerables por ser indígenas y sufrir una condición económica precaria», expresaron.
Por lo anterior, el Centro Prodh y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, se congratularon con la decisión de la SCJN, esperando que los Ministros de la Primera Sala resuelvan bajo los más altos estándares de protección y garantía a los derechos humanos.
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