Foto: Senado
El pleno de la Cámara de senadores aprobó con 100 votos a favor y 28 en contra, en lo general y en lo particular los artículos no reservados, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Al fundamentar el dictamen, el senador priista Ernesto Gándara Camou, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, afirmó que con la votación del proyecto “estamos desterrando una de las prácticas más nocivas para el avance del país: el de la congeladora legislativa”.
Aseguró que la enmienda dará paso a la generación de empleos, al crecimiento económico y a una mayor competitividad y productividad, ya que México lleva muchos años con una economía en franco estancamiento y con ausencia de dinamismo.
En su opinión, las nuevas modalidades de contratación, como el outsourcing, impulsarán un mercado laboral “moderno y flexible” y asegurarán la protección de los derechos de los trabajadores.
A su vez, el senador panista Raúl Gracia Guzmán, titular de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, reconoció que hay temas, como el régimen de subcontratación, en donde hubo avances pero debido a su complejidad “puede llegar a ser necesaria, si la práctica así lo exige, una posterior modificación”.
Sin embargo, manifestó que no es válido desdeñar los avances que contiene la minuta de la colegisladora “pero tampoco lo es perder nuestro carácter de cámara revisora”.
En este sentido, hizo notar que con los cambios aprobados se mejora la normatividad en los rubros de justicia laboral, trabajo digno, productividad y generación de fuentes de empleo, además de que ofrecen certeza jurídica y económica al fijar un límite a los salarios vencidos.
A nombre del PRD, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno consideró necesaria una reforma para reactivar la economía, mejorar la condiciones laborales, generar más empleos y democratizar el funcionamiento de lo sindicatos.
Sin embargo, enfatizó, “no queremos una salida fácil ni podemos respaldar ninguna reforma que atente contra los derechos de los trabajadores” y con disposiciones que van a deteriorar aún más su ya de por sí precario nivel de vida”.
Afirmó que el proyecto “es un retroceso en materia de derechos sociales”, pues “utiliza figuras y modalidades para abaratar la mano de obra”, reducen los derechos de los trabajadores y “hacen incierto el futuro laboral de millones de mexicanos”.
En su turno, el senador Carlos Alberto Puente Salas, del PVEM, manifestó que en este, como en otros temas fundamentales de la agenda nacional, “la inmovilidad y la parálisis no son una opción viable”, menos aún cuando nuestro país atraviesa por una etapa de enorme complejidad que amenaza la tranquilidad y el patrimonio de millones de mexicanos”.
Destacó que en México hay estabilidad económica, pero no hay crecimiento, pues en los últimos 25 años la tasa de incremento promedio del Producto Interno Bruto no ha superado el dos por ciento, que es una de las más bajas del mundo.
Adicionalmente –dijo– no se han creado los empleos que demanda la población y tan sólo en el mes de julio el índice de desempleo abierto se ubicó en cinco por ciento y algunas proyecciones señalan que este sexenio cerrará con un déficit de más de tres millones de puestos de trabajo.
En su turno, el senador petista Manuel Bartlett Díaz aseguró que la iniciativa preferente es un mecanismo “perverso” y un fast track que obliga a que en 30 días se haga “lo que se ha hecho” con dictámenes prefabricados, “porque no puede ser que ayer mismo terminaran un dictamen de este tamaño”.
Advirtió que las modificaciones laborales rompen el equilibrio que establece la Constitución entre las fuerzas productivas en beneficio de los patrones, pues viola el principio esencial del artículo 123, lo que la convierte en una reforma “claramente patronal”.
Además –agregó– esta enmienda se enmarca de manera perfecta en los lineamientos de reformas estructurales de segunda generación que dictan los organismos internacionales en base al Consenso de Washington.
Por su parte, el senador del PRI, David Penchyna Grub dejó en claro que la reforma laboral “por sí sola” no generará más empleos ni combatirá “el mayor de lo flagelos de nuestra economía: la desigualdad en el ingreso”.
Debido a ello, aclaró, “nosotros vamos a impulsar una agenda consecuente y lógica”, a efecto de generar las condiciones que impulsen las reformas energética, hacendaria y educativa para que acompañen “este primer esfuerzo”.
Por otro lado, subrayó que su bancada está a favor de la transparencia, democracia y rendición de cuentas en los sindicatos, “pero también estamos a favor de un concepto que le dio vida y sentido en el siglo XX a este país, que es la autonomía sindical con base a lo que establece la Constitución”.
Por Acción Nacional, el senador Javier Lozano Alarcón destacó que la reforma laboral “es un paso adelante en el sentido correcto”, porque está orientada a incrementar la competitividad y productividad, así como promover el trabajo decente.
Aseguró que es falso que las modificaciones planteadas atentan contra la letra o el espíritu del artículo 123 constitucional o de algún convenio suscrito por México en la Organización Internacional del Trabajo.
Por ello, expresó que los temas de transparencia y democracia sindical, que “fueron mutilados conscientemente en la cámara de origen, “no pueden esperar” y “merecemos todo el respeto como Cámara revisora, no somos una ventanilla de agilización de trámites”.
Al manifestar su voto en contra, la senadora Dolores Padierna Luna, del PRD, afirmó que la reforma representa un duro revés a las conquistas de la clase obrera, pues en lugar de tutelar al trabajo, protege al capital.
Dijo que “es un reforma hecha a modo de los patrones, dueños de las empresas agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial y Confederación de Cámaras Industriales, que son los únicos beneficiarios”.
Posteriormente, senadores de varios grupos parlamentarios se reservaron 39 artículos del proyecto para su discusión en lo particular.
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