Foto: Cámara de Diputados
El Pleno de la Cámara aprobó por 145 votos a favor, 110 en contra y 199 abstenciones, un punto de acuerdo para que el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Eduardo Andrade Salaverría, emita un nuevo laudo resolutivo que deje sin efectos el de agosto de 2010, a fin de acatar lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación, en relación al juicio de amparo otorgado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
De esa manera, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje debe resolver lo relativo al patrón sustituto, previsto para casos en que nuevos dueños se hacen cargo de una empresa sin que desaparezca ésta.
La proponente, María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD), afirmo que el fallo del Tribunal Colegiado pone en evidencia una serie de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME.
La legisladora recalcó que la Junta Federal emitió sin demora un laudo por el que convalidó los argumentos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, declarando terminadas las relaciones laborales, y no aceptó que la CFE pudiera ser considerada como patrón sustituto, a pesar de que realiza semejantes funciones y con la misma infraestructura que Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Ceseñas Chapa explicó que sobre estas consideraciones el Tribunal concedió el amparo al sindicato porque la extinción del organismo resultó de causas de tipo económico y no por causa de fuerza mayor, por lo que se ordenó emitir un nuevo laudo en el que se encuentran la reinstalación de los trabajadores, el respeto a su contrato colectivo y el pago de salarios caídos.
Claro ejemplo, aseguró, es que cesó a 44 mil electricistas, afectó a 22 mil jubilados y liquidó a 27 mil trabajadores.
Al respecto, el diputado Fernando Maldonado Hernández (PRI) se pronunció porque el Poder Judicial de la Federación y las autoridades implicadas actúen sin presiones e hizo un llamado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumpla con su responsabilidad, alejada de todo juego político y de cualquier interés que no sea el de hacer justicia y la aplicación de la ley.
La diputada Karina Labastida Sotelo (PAN) estableció que la propuesta está estructurada bajo consideraciones erróneas y promueve la intromisión del Poder Legislativo en las actividades del Poder Judicial. “El fallo del Tribunal Colegiado de ninguna manera pone en evidencia -como se dice- una serie de ilegalidades por parte del Gobierno Federal en contra de los trabajadores del SME”.
A su vez, Aleida Alavez Ruiz (PRD) expresó que es necesario recuperar la seguridad jurídica a favor de los trabajadores de LyFC. Recordó que un Estado de Derecho se asienta en el respeto irrestricto de la ley, “desde esta perspectiva y al haberse pronunciado el Tribunal Colegiado en favor de los trabajadores, en esta resolución debe reconocerse el derecho contra actos arbitrarios de un gobierno autoritario”.
El legislador Carlos Castellanos Mijares (PVEM) exigió la emisión, a la brevedad, de la resolución correspondiente, que debe reconocer las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado, “siempre preservando la autonomía de las autoridades jurisdiccionales laborales”.
Por parte de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo más pronto posible, confirmando la sentencia del Tribunal Colegiado, y exija a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que de inmediato cumpla con la sentencia dictada.
El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) confió en la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión, “porque de resolverse, el intento de frenar los derechos de los trabajadores reconocidos en el amparo serán infructuosos”.
En tanto, Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) se pronunció a favor de la defensa de los derechos laborales. “Consideramos que la reinstalación de los empleados, el respeto al contrato colectivo y el pago de salarios caídos son justos cuando la liquidación de una empresa no se justifica. Este asunto es de la mayor relevancia, porque es la propia autoridad quien intenta lesionar a la clase trabajadora”.
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