Foto: Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar la protección de los menores afectados por acciones de reclutamiento de la delincuencia organizada.
El documento, avalado con 433 votos a favor, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, señaló que de acuerdo con organizaciones de protección a la infancia se estima que entre 30 mil y 50 mil menores están involucrados con el crimen organizado.
Además, niños de entre 9 y 17 años son explotados por los grupos criminales de diversas formas, y están involucrados en 22 tipos de delitos, que van desde tráfico de droga, secuestro y trata de personas, hasta extorsiones, contrabando y piratería.
Añadió que desde los 9 y 10 años, los niños y niñas se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas. A los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que no se escapen las víctimas de secuestros y de levantones. Los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como secuestros y asesinatos, y todos portan armas.
Explicó que esta reforma permitirá proteger y prevenir que niños, niñas y adolescentes sean reclutados no sólo en ejércitos militares regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas no estatales, como grupos paramilitares, de delincuencia organizada y compañías de seguridad, tal como lo recomendó el Comité de los Derechos de las Naciones Unidas en su LVI periodo de sesiones en el año 2011.
Por el PT, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez manifestó su preocupación por la infiltración de la delincuencia organizada a todos los niveles de gobierno: municipal, estatal, federal y “desde luego a todas sus corporaciones policiacas, incluyendo también el Ejército y la Marina”.
Los niños y jóvenes, por sus condiciones de vida, de miseria, de pobreza, de desprotección, están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.
En su turno, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MC) refirió que de acuerdo con la organización Cauce Ciudadano aproximadamente 24 mil menores están incorporados a diferentes grupos de delincuencia organizada. Con la siguiente distribución: Cártel de Sinaloa, más de 17 mil; Los Zetas, unos 7 mil 500, y La Familia Michoacana, casi 50 mil niños y adolescentes.
Los ajustes a la ley, refirió, buscan incorporar todos los elementos del derecho internacional a los derechos humanos en materia de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM) comentó que, a pesar de todos estos instrumentos jurídicos internacionales que protegen a la niñez, miles de niños, niñas y adolescentes en el país siguen viviendo situaciones de violencia, explotación y discriminación y en sus entornos más próximos, derivados de la guerra en contra del narcotráfico.
Conminó a las familias, a la sociedad y al Estado mexicano, a que fortalecer los entornos que garanticen la protección infantil. Precisó que con los cambios a la ley, el Estado se obliga a proteger los derechos de la niñez, con lo cual se pretende ampliar el ámbito de actuación de las instituciones públicas a intervenir para salvaguardar la integridad de los menores.
En tanto, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD) resaltó que en México el 60 por ciento de los niños entre uno y 14 años son víctimas de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. Además, los infantes y jóvenes son víctimas del reclutamiento forzado ya que generalmente se encuentran alejados de sus núcleos familiares, víctimas de violencia y engañados con la promesa de salir de la pobreza opresora.
Refirió que de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, el empleo de menores de edad en labores de vigilancia, monitoreo, custodia y sicariato ha sido una práctica sistemática y progresiva durante los últimos años. Consideró que, ante esta problemática, el Estado debe abocarse a la construcción de políticas públicas que incluyan programas de desarme, de reintegración a la familia, de estudio y trabajo productivo.
Por el PAN, la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena subrayó que la captura de menores de edad por delitos contra la delincuencia organizada creció 100 por ciento, de 806 a mil 604 en todo el país. Los niños son integrados a la operatividad criminal porque no son los primeros sospechosos para la policía, no son punibles cuando tienen menos de 12 años y para los adolescentes las sanciones son considerablemente menores.
Enfatizó que no se puede permitir que continúe esta situación que condena a la niñez y a la adolescencia a sufrir enormes repercusiones en su salud, bienestar y desarrollo. Por ello, se manifestó a favor de la reforma, “porque prevé que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra actos u omisiones dolosas que los puedan afectar”.
La diputada Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (PRI) señaló que uno de los sectores más vulnerables de la sociedad son las niñas y los niños quienes en muchos casos han sido victimizados por los diversos grupos delincuenciales y los integran con frecuencia en sus actividades ilícitas.
Esta vulnerabilidad, agregó, ha hecho de los menores blancos perfectos para la delincuencia organizada que, al reclutarlos en sus filas los obligan a cometer actos delictivos. Por ello, se manifestó a favor de llevar a cabo todas las acciones necesarias para protegerlos, “ya que ellos son la esperanza de un futuro mejor para el país”.
=Cámara de Diputados=
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