Este martes, el Senado de la República dio primera lectura al dictamen por el que se expide la Ley General de Víctimas, la cual establece que el Estado otorgará asistencia y protección a las víctimas, además de garantizarles hasta 500 veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal como reparación del daño causado.
La víctima del delito podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación integral, cuando la institución médica que la atiende no cumpla las disposiciones que la obligan a cubrir los costos de atención y servicios sanitarios.
Señala que los estados de la República deberán adecuar su legislación para expedir leyes similares de atención y defensa de las víctimas.
La ley obliga a los tres niveles de gobierno a garantizar ayuda, asistencia y reparación del daño y de violaciones a los derechos humanos, así como la participación de las propias víctimas en el proceso de adopción e implementación del reglamento a nivel nacional.
Además, el Estado intervendrá en la resolución de los casos, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, periciales y civiles que resulten, y adoptará Medidas de no repetición, para prevenir y evitar precisamente que éstas vuelvan a ser objeto de violaciones.
Para el caso de personas desaparecidas, estos derechos podrán ser ejercidos por los familiares de la víctima.
Previamente, en reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, los senadores aprobaron por unanimidad el dictamen por el que se expide la ley en cuestión.
Al respecto, el senador, Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que con la aprobación mayoritaria, se ha cumplido a cabalidad con muchas exigencias de la sociedad en materia de procuración e impartición de justicia.
Agregó que un aspecto importante de la nueva ley es que prevé “espacios para el esclarecimiento de la verdad”, es decir, que toda persona tendrá derecho a impugnar la legitimidad de cualquier información que le competa, derivada de las investigaciones.
Por su parte, el senador panista, Fernando Elizondo Barragán, destacó la trascendencia de la Ley, ya que como nunca antes, se otorgará a las víctimas mayor protección del Estado, además de certeza jurídica y penal en los juicios que se desarrollen para el esclarecimiento de los casos.
El perredista, Carlos Sotelo García, consideró que “se dio un gran paso en el cumplimiento de los compromisos adoptados en el histórico diálogo del Castillo de Chapultepec, con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Sostuvo que “los ciudadanos que, desde su drama, su dolor y angustia, nos exigieron una Ley de Víctimas, hoy sabrán que los senadores estamos cumpliendo nuestro compromiso”.
El senador Pablo Gómez, también del PRD, afirmó que “es una ley de nueva generación hecha por especialistas en derechos humanos y en victimología. “Creo que está fuera del contexto de las leyes penales y de aquellas que se han hecho durante los últimos cien años en el país”, apuntó.
A la reunión asistieron también los senadores Héctor Pérez Plazola, del PAN, Tomás Torres Mercado del PVEM, , Leonel Godoy Rangel del PRD, Rogelio Rueda Sánchez, del PRI y representantes del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad.
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