Foto: Senado
La senadora Layda Sansores, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, asumió el compromiso de impulsar un punto de acuerdo a partir del cual se promueva la inclusión del tema de derechos humanos en la educación dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que habrá de presentar el Ejecutivo Federal.
Esto en el marco del foro “La educación en materia de los derechos humanos como herramienta para la paz”, en el cual Layda Sansores pidió a diversas organizaciones académicas y sociales presenten cinco propuestas de acciones legislativas urgentes y otras más de mediano y largo plazo, para lograr el objetivo de que el tema de derechos humanos sea un tema efectivo dentro de la enseñanza.
Consideró, no debe ser únicamente en la Secretaría de Educación Pública, se requiere emprender programas intersecretariales a partir de una política sustantiva.
Al respecto, la doctora Gloria Ramírez, catedrática en la UNAM, apuntó que en la propuesta de Punto de Acuerdo para el Senado debe establecerse como una “exigencia roja”, la convocatoria a conformar un programa de cultura de paz y educación en derechos humanos.
De igual forma, subrayó, el Legislativo no puede hacer a un lado establecer que las autoridades de la SEP rindan cuentas en los avances de la educación en derechos humanos, pues “la violencia en la escuela es gravísima, en algunos estados las quejas son más altas que en materia de seguridad”.
En este contexto, Gabriela Delgado Ballesteros, catedrática de la UNAM, cuestionó en qué momento esas garantías son respetadas por el magisterio de Oaxaca y Guerrero en materia de educación, pues los profesores de estas entidades anteponen intereses particulares y sindicales sobre el derecho supremo de la infancia a una educación, por lo cual se pronunció a favor de implementar modelos educativos que tengan como eje rector los derechos humanos.
Por su parte, Malú Valenzuela Gómez Gallardo, directora del Grupo de Educación Popular en Mujeres, consideró que debe de realizarse una revisión del cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados en la materia, pues México registra un sinnúmero de recomendaciones por parte de la ONU debido al incumplimiento de los mismos.
Claudia Amaranta Castelán, integrante de la Plataforma de Incidencia por la Educación e Instituto Electoral del Distrito Federal, al referirse a los conflictos magisteriales registrados en Guerrero y Oaxaca, consideró que la dificultad en la generación de consensos para la evaluación del desempeño de los profesores, se debe a que no se incluyó desde un principio la participación de los maestros e incluso de los padres de familia, “la sociedad debe ser involucrada”.
Asimismo, Judith Rodríguez Zúñiga, defensora de los derechos politécnicos del IPN, comentó que se debe de vincular la docencia en derechos humanos con la investigación, además de cambiar el modelo educativo tradicional, autoritario y vertical, por uno integral participación, de tolerancia.
=Cámara de Senadores=
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