Buscan senadores dar certeza jurídica a tierras indígenas

Foto: Senado

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La falta de regulación de los derechos de propiedad y de certeza jurídica de la tenencia de la tierra, representan un obstáculo no sólo para el desarrollo integral de los pueblos indígenas sino para el desarrollo del país en general, expusieron senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Por otro lado, las acciones y políticas que el Gobierno Federal ha puesto en marcha en años anteriores para dar solución a los conflictos así derivados, generalmente se han contrapuesto a la visión de la tierra como propiedad colectiva y han fallado en otorgar a los indígenas la posibilidad efectiva de ejercer sus derechos a la libre determinación y a acceder a la tenencia de la tierra, así como al disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan conforme a sus propias modalidades, indicaron.

Al respecto, el senador Isidro Pedraza Chávez aseguró que los derechos de propiedad “es en las poblaciones indígenas en donde más están protegidas por la ley, pero están más desprotegidas en la práctica”.

Así, a fin de garantizar la certeza jurídica a este sector de la población en lo que se refiere a los derechos de propiedad que guardan los núcleos de población indígena, la Comisión de Asuntos Indígenas aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a que instrumente un programa nacional de regularización de tenencia de la tierra en las comunidades indígenas del país.

Lo anterior en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión par la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) y como parte integral de las políticas públicas de regularización de la tenencia, desarrollo agrario y atención a los pueblos indígenas.

Esto en tanto que la SEDATU es la encargada de la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras, tales como ejidos, parcelas, tierras ejidales y comunales; mientras que las demás instancias cuentan con las herramientas para la formulación y ejecución adecuada de los proyectos que se desarrollen en esta materia.

 

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