Casi imposible dictaminar la Reforma Laboral en plazo previsto, afirma Silvano Aureoles Conejo

Foto: Cámara de Diputados

Al inaugurar el foro ¿Qué reforma laboral necesitamos?, el coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, consideró difícil que la iniciativa enviada por el Ejecutivo sea aprobada en sus términos y dijo que es “imposible” el tiempo previsto para su dictaminación, a más tardar el 30 de septiembre.

Rechazó aprobar la iniciativa en las condiciones en las que la envió el Ejecutivo. “No habremos de flexibilizar nuestra postura, no vamos a traicionar por ningún motivo a los trabajadores”, afirmó.

También señaló que “un tema tan importante y relevante para el país y la clase trabajadora se pretenda que se legisle, se dictamine, con 30 días de plazo en cada una de las Cámaras, es prácticamente imposible”, dijo.

Durante el encuentro que sostuvo con integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), académicos e investigadores, expuso que en la iniciativa que presentó el PRD se contempla el respeto a los derechos colectivos, libertad sindical, salarios y seguro de desempleo.

Explicó que en la propuesta que se presentó ante el Pleno, se abarcan diversas modificaciones a la Constitución y leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social.

Sostuvo que la propuesta del PRD pretende favorecer a trabajadores y empresarios.

Reiteró que la iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón es “inviable” y una “inminente provocación” por haber presionado al Congreso a dictaminarla en un contexto políticamente difícil para el país, en referencia a la sucesión presidencial.

El diputado federal agregó que su partido está abierto al debate, pero siempre en defensa de los derechos de los trabajadores.

Rechazó aprobar una iniciativa de Reforma Laboral en las condiciones en las que la envió el titular del Ejecutivo federal. “No habremos de flexibilizar nuestra postura, no vamos a traicionar por ningún motivo a los trabajadores”, afirmó.

En el evento también participaron Graciela Bensunsan, de la Universidad Autónoma de México (UAM); Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y diversos representantes de la Unión Nacional de Trabajadores.