Foto: PGJEM.
Por Anayeli García Martínez/Cimacnoticias
Las familias de las seis mujeres violadas, asesinadas y cuyos cuerpos fueron abandonados en la vía pública por César Armando Librado Legorreta, “El Coqueto”, por fin tienen un poco de tranquilidad tras la condena de 240 años de prisión dictada contra el feminicida confeso.
Amparo Vargas, madre de Eva Cecilia –una joven de 17 años asesinada por Librado Legorreta– dijo que este caso despertó el interés de las mujeres del Estado de México por organizarse para denunciar las irregularidades del sistema de justicia.
Ayer el juez Juan Arturo Velázquez Méndez sentenció a 40 años de prisión a “El Coqueto” por violar y asesinar a cada una de sus víctimas: Cireni Dayana, Blanca Elia, Eva Cecilia, Fernanda, Patricia, y una mujer no identificada.
Dayana tenía 23 años y era madre de dos niños; Blanca Elia era una abogada de 28 años; Fernanda tenía 20, y Patricia era cocinera y madre de tres hijos.
Al conocer la resolución, Vargas aseguró que en comparación con las madres que llevan años buscando a sus hijas desaparecidas o exigiendo cárcel para los asesinos, ella está tranquila con este fallo.
Durante el receso del juicio oral que ayer se realizó, las familias de las víctimas se reunieron para expresar su pesar y recordar a sus hijas. En ese encuentro algunas de las madres coincidieron en la necesidad de seguir denunciando la mala impartición de justicia en la entidad.
La sentencia por feminicidio contra Librado Legorreta –delito tipificado en el Código Penal estatal desde marzo de 2011– no es un signo de justicia sino de la inacción de las autoridades, replicó la madre de Eva Cecilia.
Amparo criticó que “El Coqueto” haya tenido que matar a seis mujeres para que las autoridades mexiquenses hicieran algo, toda vez que cuando las madres denunciaron la desaparición de sus hijas los agentes del Ministerio Público las ignoraron.
Con coraje aseguró que las madres fueron quienes aportaron todas las pruebas para que se localizara y se detuviera al asesino porque la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) “nunca se preocupó por hacer su trabajo”, acusó.
Pero lo que más indigna a las madres es que las autoridades las ignoraran y al asesino confeso le pagaran una operación por las lesiones que sufrió en la columna vertebral y en la pierna derecha, luego de caer desde un tercer piso cuando intentó fugarse el pasado 27 de febrero.
PROCESO TORTUOSO
Sin dar nombres, la madre de Eva Cecilia narró el vía crucis que vivió para encontrar a su hija, una estudiante de 17 años que desapareció el 26 de noviembre de 2011.
El 27 de diciembre, después de un mes de salir todos los días a las calles a pegar volantes, preguntar en oficinas públicas e insistir en el Ministerio Público para que le informaran sobre la situación de su hija desaparecida, Amparo fue a la PGJEM y empezó a gritarles a los agentes que la atendían.
Ese día, en una oficina del Ministerio Público de Tlalnepantla, la mujer exigió hablar con alguien que sí pudiera investigar, se metió a la fuerza a la Unidad de Homicidios y habló con un licenciado, quien al ver su enojo la dejó revisar los expedientes de mujeres asesinadas.
Eran cinco expedientes –recordó Amparo–; el primero que revisó describía a una occisa de entre 18 y 20 años de edad que vestía sudadera azul, mallas negras, short de mezclilla y botas, la misma ropa con que su hija desapareció un mes antes.
El cuerpo de Eva Cecilia fue encontrado el 24 de diciembre, pero tres días después Vargas se enteró de que su hija estaba muerta. Como una broma macabra, todavía el 26 de ese mismo mes los servidores públicos le dijeron que “no había nada” sobre la adolescente.
Situaciones como ésta vivieron las otras cinco familias y de no ser por su determinación para encontrar al asesino, la sentencia de 240 años nunca se hubiera dado y Librado Legorreta seguiría matando mujeres con el permiso del Estado.
CASO EMBLEMÁTICO
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), destacó que este caso es emblemático porque refleja que la justicia llega tarde y que el asesinato doloso de mujeres no se investiga.
El OCNF fue la primera organización civil en denunciar que en los primeros cinco años de la administración del entonces gobernador del Estado de México y ahora presidente de México, Enrique Peña Nieto, se cometieron 922 casos de feminicidio.
Desde entonces la gestión peñista negó que hubiera una ola de asesinatos de mujeres, y rechazó que se decretara una Alerta de Violencia de Género para implementar medidas de protección urgentes para las mexiquenses.
Ante la presión social, Peña Nieto envió al Congreso local una iniciativa para tipificar el delito de feminicidio, la cual fue aprobada en marzo de 2011 y desde entonces el artículo 242 bis del Código Penal estatal considera este crimen que ahora se castiga con penas de 40 a 70 años de prisión.
María de la Luz Estrada señaló que lo más preocupante en este caso es que se estuvieran asesinando mujeres con el mismo modus operandi, en una zona determinada y con una frecuencia inaudita, sin que las autoridades se dieran cuenta o hicieran algo.
Según los cruces de información de las familias, en sólo dos meses Librado Legorreta mató a cuatro mujeres sin mayor problema, y todavía se dio el lujo de arrojar sus cuerpos en un radio de menos de tres kilómetros.
“¿Realmente se hizo justicia?”, se preguntó Estrada al apuntar que fue necesario que una mujer salvara la vida para que las autoridades pusieran atención sobre este fenómeno, es decir, esto es preocupante porque sólo así se logró la sentencia de feminicidio.
Incluso fue Amparo quien señaló que el captor de su hija podría estar en la Ruta 2 de microbuses que corre del Metro Chapultepec a Valle Dorado, trayecto que la joven abordó la última vez que se le vio cuando se despidió de su novio para ir a casa después de ir a patinar.
Pero los agentes, a quienes Amparo tachó de irresponsables y corruptos, no tomaron con seriedad este indicio y lo consideraron hasta que la joven que sobrevivió a las agresiones del feminicida decidió denunciar y señalar a su agresor.
Amparo adelantó que algunas de las madres de las víctimas se organizan para conformar un grupo que promueva la prevención, y denuncie las desapariciones de otras mujeres a fin de que las familias no tengan que pasar por la misma situación.
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