Foto: CDHDF
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) registró en marzo pasado la mayor cantidad de hechos violentos cometidos contra medios de comunicación y periodistas en México, respecto a meses anteriores, por lo que llama a que las autoridades responsables implementen el respectivo mecanismo federal de protección.
Lo anterior, a pesar de las modificaciones legislativas y políticas públicas que, a nivel federal, tienen como propósito incrementar las medidas de protección para periodistas y defensores y combatir la impunidad.
En ese objetivo se ubican los mecanismos de protección y las reformas actualmente en análisis sobre la Ley para Proteger a Personas Defensoras de Derechos y Periodistas, así como la reforma al Artículo 73 Constitucional, que federaliza los delitos cometidos contra personas que ejercen la libertad de expresión.
El Mecanismo en el Distrito Federal para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, impulsado por este Organismo Defensor de Derechos Humanos fue firmado el pasado 29 de marzo y tiene como fin contribuir a la efectiva garantía del derecho a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos.
Entre los ataques ocurridos en marzo, está el del día 25, cuando una persona no identificada lanzó una granada a las instalaciones de Televisa, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.
Ese mismo día se registró otro atentado en contra del diario Expreso, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de acuerdo con información difundida por medios de comunicación y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
El día 19 ya había explotado un “coche-bomba” frente a las instalaciones del diario. Ambos ataques dejaron como saldo sólo daños materiales.
La noche del 24 de marzo dispararon contra la fachada de la casa habitada por el editor del semanario El Contralor y colaborador de las revistas Contralínea y Lobo Times, Víctor Montenegro, en la ciudad de Durango.
En Nayarit, los ataques en contra de personas que ejercen el periodismo y la comunicación fueron perpetrados por funcionarios públicos.
El alcalde de San Blas retuvo a un periodista para obligarlo a revelar la fuente de su nota el 6 de marzo.
El alcalde de Bahía de Banderas prohibió la venta de periódicos durante todo el mes, en las calles del sector turístico de la Riviera Vallarta, por considerar que su contenido afecta la imagen de la zona.
A esos hechos se suman también los denunciados ante la CDHDF por organizaciones defensoras de la libertad de expresión en los estados de Oaxaca y Veracruz.
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