CDHDF llama a autoridades a realizar investigación por asesinato del líder de El Barzón en Chihuahua

Foto: CDHDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llama a las autoridades del estado de Chihuahua y federales a realizar de manera inmediata una investigación exhaustiva e imparcial por el asesinato del dirigente de El Barzón en Chihuahua, Ismael Solorio Urrutia, y de Manuela Martha Solís Contreras.

El Organismo condena este doble homicidio perpetrado hace unos días y ofrece sus condolencias a las y los familiares de las víctimas.

De acuerdo con información proporcionada por esta organización social a la CDHDF, el asesinato es parte de una campaña de linchamiento “mediático y político” en contra de El Barzón.

Estas agresiones fueron denunciadas desde hace una semana ante el Secretario de Gobierno de Chihuahua por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En esa ocasión se advirtió sobre los ataques de los que fue víctima Ismael Solorio, su familia y otras personas barzonistas que se oponen a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

De la información publicada por diversos medios de comunicación, se desprende que Solorio Urrutia también había denunciado desde hace cuatro meses los aprovechamientos y perforaciones ilegales de pozos en la cuenca del río del Carmen.

Para la CDHDF las agresiones denunciadas por las personas defensoras deben ser atendidas por las autoridades competentes, valorándose el contexto de violencia y vulnerabilidad que experimentan de manera cotidiana. Cabe subrayar que al haberse hecho de su conocimiento las agresiones, era obligación de la autoridad tomar las medidas pertinentes para resguardar la integridad física y el derecho a defender derechos humanos de los integrantes de El Barzón.

En este sentido, las autoridades estatales y federales deben de realizar una investigación exhaustiva e imparcial, así como adoptar medidas para la no repetición de hechos de esta naturaleza, como lo establecen los principios contenidos en la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos”.