Coldwell, ¿desechable o indispensable?

Foto: El Arsenal

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El gabinete de Peña Nieto se integró básicamente de tres corrientes. Los protegidos de Carlos Salinas, los itamitas (egresados del ITAM) del establo de Eduardo Aspe y la de los tolucos, residuos del grupo Atlacomulco. La omnipotencia del Presidente para nombrar a sus colaboradores en función de compromisos políticos, reciprocidades en encubrimientos, paisanaje y pagos obligados a su propio partido; hacen de la administración pública federal y del control de los órganos legislativos, una verdadera ensalada de personajes que más que prestar un servicio público, parecen parte de una compañía que monta una opereta de género cómico-bufo.

Obviamente los resultados de los sexenios anteriores y el que va corriendo, son claros fracasos ante lo que un modelo democrático de administración pública debe ofrecer al pueblo. El ciudadano reduce el ejercicio de su soberanía a la elección del presidente cuando bien le va, pero deja a éste la potestad monárquica para nombrar a su cohorte. La teoría moderna del sistema presidencial descansa en que él elegido escoja, a sus próximos colaboradores, en función de las necesidades de los ramos que habrán de atender y según sus aptitudes técnicas y calificación moral para ello. Todo lo contrario sucede en la práctica.

Lo peor es que un seleccionado de alta jerarquía a su vez, integre su equipo sobre las mismas bases de intereses y amiguismos sin cuidado alguno sobre capacidad, experiencia, probidad y vocación de servicio, por lo que el circulo vicioso permea hacia abajo con graves consecuencias en costos, productividad y deplorable atención al usuario y a sus familiares, desencadenando así una degradación al extremo de que la burocracia es ya un lastre para el México de hoy y del futuro.

No importa que el país vaya al garete. La economía hacía abajo junto con el empleo; la violencia e inseguridad hacia arriba y el desorden y desaseo legislativo a su máxima expresión. Todo se confía en que la publicidad pagada a todo vapor en televisoras, radio y prensa, va a purgar toda responsabilidad y el pueblo se va resignar a que: “no hay de otra” y el cambio es una utopía inalcanzable. Peña Nieto acapara las críticas para contrarrestarlas con apariciones televisivas cotidianas, trabajando y resolviendo problemas (sic). Sus colaboradores o cómplices se escudan cumpliendo dócilmente los papeles que se les asignan así sea los de vende patrias.

Un caso típico de estos especímenes es el de Pedro Joaquín Coldwell improvisado como Secretario de Energía, seguramente porque Peña sabe que es concesionario de todas las franquicias de Pemex para gasolina, aceites y otros combustibles en la Isla de Cozumel, para consumo terrestre y marino.

Sus antecedentes como gobernador del estado Quintana Roo y su paso como legislador en el Congreso, no le acreditan puntuación alguna como experto en energía, aunque sí como acaudalado propietario de sus negocios en la Rivera Maya. Lo que en realidad valió para su acomodo en SENER, fue que había sustituido como emergente en el PRI a Humberto Moreira que tuvo que salir a España por el desfalco a Coahuila.
Ahora bien sí la encomienda en el PRI la sacó bien con una campaña centrada en la consumación del fraude con la compra del voto, hasta llegar a cooptar al IFE y al Tribunal Electoral Federal para imponer a su candidato, la segunda encomienda que es la de entregar a Pemex y CFE al capital extranjero y favorecer a sus amigos y familiares con negocios conexos como las estaciones de gasolina aceites y combustibles, no le están siendo como quisiera. Ya logró con un gasto exorbitante y un costo político superlativo, reformar la Constitución. Ahora le falta lograr la ejecución del despojo con una ciudadanía cada día más consciente del atroz engaño y el efecto del daño patrimonial y ecológico que se avecina.
Por lo pronto Coldwell fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por violación al principio de la no existencia de conflicto de interés, que obliga a todo servidor público, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a excusarse antes de aceptar un cargo afín a sus intereses particulares y cuya violación amerita incluso la inhabilitación inmediata para el cargo. Desde luego eso no lo exime que también haya incurrido en el delito de Uso indebido de atribuciones y facultades, que lo podrían llevar a la privación de la libertad, hasta por 7 años de prisión.
Cualquiera diría que es inútil éste esfuerzo de denuncia porque la Secretaria de la Función Pública, está en manos de otros incondicional como Julio Alonso Olivas Ugalde, pero tal posible desenlace de ninguna manera exime a un ciudadano, mucho menos a un representante popular de exigir por la vía legal que se restablezca el orden y observancia de la ley. Contra evidentes obstáculos a la justicia no podemos ser ingenuos, pero mucho menos derrotarnos sin dar la pelea. Sería indignante atenernos resignadamente a la deplorable administración pública de nuestra patria.
Ante una posible burda negación de la justicia en la Función Pública, se tendrá el recurso ante el Tribunal  de Justicia Fiscal y Administrativa y en última instancia, el recurso de amparo en el Poder Judicial Federal. Pero sobre todo se tendrá la fuerza de la conciencia ciudadana que no está dispuesta a plegarse a la impunidad crónica en la patria.

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