Foto: Senado.
Los magistrados Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda, propuestos para sustituir al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comparecieron ayer ante senadores de la Comisión de Justicia del Senado.
Así lo informó mediante un boletín la propia Cámara de Senadores.
En su exposición inicial, Monroy Gómez se dijo listo para desempeñarse como ministro de la SCJN y de ser electo una de las “convicciones” que normarían su actuación sería el papel que desempeña el Poder Judicial dentro del Estado de derecho.
Percibo a la Corte –subrayó– como un árbitro sujeto a reglas y límites, sin invadir esferas de competencia, que dirime conflictos derivados del creciente pluralismo político y social en los distintos órdenes de gobiernos y que su finalidad es contribuir la gobernabilidad democrática.
Posteriormente, fue cuestionado por los senadores Omar Fayad Meneses, del PRI; Raúl Gracia Guzmán, del PAN; Manuel Camacho Solís, del PRD; Ninfa Salinas Sada, del PVEM, y David Monreal Ávila, del PT.
Los legisladores preguntaron al magistrado si se pueden fincar responsabilidades por la violación sistemática de derechos humanos en la llamada “guerra contra las drogas”, cuáles son los retos para garantizar la independencia del Poder Judicial, la extinción de dominio y la creación de un tribunal constitucional.
De igual manera, fue interrogado –como el juez que sentenció hace 20 años a Joaquín “El Chapo” Guzmán– si procedería con la misma “firmeza” si éste fuera de nuevo juzgado en el futuro.
En sus respuestas, Monroy Gómez explicó que en el caso de las violaciones a derechos humanos en el combate al narcotráfico se tendría que precisar la competencia de la Suprema Corte, pues como arbitro está sujeta a reglas y limites, por lo que no puede extraer de normas jurídicas, “juicios de orden político o social”.
Consideró que la SCJN no debe llevar su papel de arbitro “al extremo o al activismo judicial”, además de que no es momento de crear un tribunal constitucional.
Por otro lado, dejó en claro que volvería proceder de la misma manera en contra de “El Chapo” Guzmán, ya que un juez está obligado a ser congruente y consistente en la aplicación de la ley a pesar de las “consecuencias que esto traiga”.
En tanto, Alberto Pérez Dayán resaltó que los integrantes de la Corte deben ser conocedores del marco jurídico y de la justicia, conscientes siempre de la pluralidad política, con visión de progreso, que les lleve a entender la evolución democrática de la sociedad y su participación activa.
Además, agregó, tienen que entender siempre los derechos de las minorías y de sus necesidades diferentes, profundamente respetuosos de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, pero primordialmente honestos y valientes.
Posteriormente, los senadores Miguel Romo Medina y Ricardo Barroso Agramont, del PRI; Carlos Mendoza Davis, del PAN, y Dolores Padierna Luna, del PRD, lo cuestionaron sobre la resolución de la SCJN respecto al fuero militar y el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Del mismo modo, solicitaron su opinión sobre la despenalización del aborto, la adopción de parejas del mismo sexo y los alcances de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país.
En sus respuestas, Pérez Dayán dijo que la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar “abona a la seguridad jurídica, a la defensa de la víctimas y al conocimiento del juicio”.
Sobre el caso del SME expresó que el recurso que se promovió y que debe resolver la Corte “tendrá que honrar los principios de la carrera judicial: objetividad, exhaustividad y la imparcialidad para alcanzar el grado de justicia que todos merecemos”.
De la despenalización del aborto, manifestó que “si esto es hoy necesario tratemos de que sea el último reducto al que tenga que llegar alguien que se vea en una circunstancia de esta naturaleza”.
Seguramente, enfatizó, la propia sociedad construirá medios que permitan “no sólo pensar en esa alternativa sino cualquier otra que favorezca la vida”.
Agregó que la legislación también permite la adopción de parejas del mismo sexo y si es “debidamente vigilada y controlada creo que alcanzará sus fines”, pero “también entendamos que fortalecer la familia nos llevará finalmente a tener y crecer mejor a los hijos”.
De las sentencias de la CIDH que obligan al Estado a reabrir los casos en los que se ha incurrido en violaciones a los derechos humanos, aseguró que si se ha convenido, a través de un tratado, una obligación, es necesario honrarla y “cumplir la letra de su palabra”.
En su turno, Andrea Zambrana Castañeda subrayó que uno de los principales objetivos del Poder Judicial, en esta “época de incertidumbre y seguridad”, es recuperar la confianza de los ciudadanos en sus jueces para que se sientan protegidos y escuchados.
Asimismo, afirmó que cuenta con todos los elementos y herramientas técnico-jurídicas para ser parte de la SCJN, lo que le permitiría “contribuir a la concepción del sistema de justicia que todos queremos para este país”.
Después, fue cuestionada por los legisladores Fayad Meneses, del PRI; Gracia Guzmán, del PAN; Camacho Solís, del PRD, y Monreal Ávila, del PT, sobre temas relacionados con la impunidad, autonomía al Ministerio Público, derechos humanos, la figura del arraigo, testigos protegidos, aborto y el uso del polígrafo en el control de confianza.
Al respeto, Zambrana Castañeda se pronunció por una reforma penal que dé independencia al Ministerio Público, ya que esa medida garantizaría una mayor profesionalización de sus elementos, evitaría la impunidad y coadyuvaría a mejorar los controles de confianza.
En cuanto a la figura del arraigo, dijo que se tiene que realizar un debate para saber si debe “permanecer o acotarse” porque hay tratados internacionales que lo consideran violatorio de derechos humanos, mientras que el sistema de testigos protegidos tendrá que ser valorado por el MP, pues “tiene ventajas y desventajas”.
Sobre el tema del aborto, se inclinó por cuidar tanto el derecho a la vida como las garantías de las mujeres, porque son dos bienes tutelados en la Constitución.
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