Esta propuesta garantizaría justicia imparcial ante violaciones a DH
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó al Poder Legislativo a no ceder ante presiones, y continuar con la reforma al Código de Justicia Militar para que cualquier delito cometido por militares contra ciudadanos sea castigado por tribunales civiles.
Andrés Díaz, coordinador del Área Jurídica del Centro Prodh, urgió a las y los legisladores a no permitir que decaiga la iniciativa que la semana pasada presentó la Comisión de Justicia del Senado, para acotar el fuero castrense y evitar que las violaciones a Derechos Humanos (DH) de la población civil sean juzgadas por militares.
El abogado recordó que desde hace varios años organizaciones ciudadanas insisten en que México debe reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, una norma que permite que el Ministerio Público (MP) Militar indague los crímenes cometidos por personal castrense contra civiles.
Por ejemplo, el fuero castrense evitó el acceso a la justicia en casos como el ocurrido en junio de 1994, cuando soldados detuvieron a las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, y a su madre, Delia Pérez, cuando pasaban por un retén militar en Chiapas.
Las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones. Ellas denunciaron el delito ante el Ministerio Público Federal, pero el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar, donde fue archivado porque ellas no aceptaron someterse a los peritajes castrenses.
El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 declaró responsable al Estado mexicano de los hechos y de no garantizar justicia para las indígenas.
Otro caso que llegó ante instancias internacionales es el de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas en 2002 por militares en Guerrero.
Inés y Valentina también denunciaron, pero el caso se llevó ante la justicia militar. Fue hasta después de 2010 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció a México por estos casos y que la Procuraduría de Justicia Militar cedió a la Procuraduría General de la República (PGR), donde permanecen sin avances.
Por otro lado, el Centro Prodh litigó a nivel internacional el caso de de la tortura y detención arbitraria a manos del Ejército contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, ocurrido en 1999 en la sierra de Guerrero.
Andrés Díaz mencionó que esta propuesta del Senado de reformar el Código de Justicia Militar es de gran magnitud, porque hasta ahora cualquier ciudadano que pueda ser víctima de abusos por parte de efectivos castrenses tiene que afrontar una investigación ante las autoridades militares.
En muchos de los casos, dijo, cuando un soldado comete una violación de DH, como desaparición forzada o ejecución extrajudicial, la PGR advierte que hay un militar involucrado y entonces declina la competencia al MP castrense.
Esto cobra relevancia porque de la Secretaría de la Defensa Nacional dependen los jueces militares, la policía que va a investigar y los elementos que cometieron la violación a DH, es decir “no hay una independencia”, aclaró el abogado.
Para Díaz, se trata de una reforma legislativa que busca que haya tribunales imparciales frente a los ciudadanos y evitar que las personas tengan que enfrentarse a un sistema de justicia castrense, que pone trabas que van desde impedir que una persona revise su expediente hasta incurrir en casos de tortura.
La propuesta del Senado recoge ocho iniciativas previas, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la CoIDH, y hace precisiones como que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
=AGM=
(CIMAC)
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