Despido por embarazo sigue latente

Foto: Anaiz Zamora Márquez CIMAC

Foto: Anaiz Zamora Márquez
CIMAC

A una semana de haber logrado la reinstalación en su empleo, Selene Nalleli Ordóñez Aguirre,  joven tlaxcalteca con siete meses de embarazo, fue despedida nuevamente por la empresa siderúrgica Simec  International 6 y la “outsourcing” (empresa de subcontratación) Serlimp S.A. de C.V.

Sin importar la violación al convenio de reinstalación signado entre Serlimp y la abogada Edith Ramírez Ramírez, representante legal de Selene, así como del artículo 133 de la Ley Federal de Trabajo (LFT), que prohíbe expresamente el despido de una mujer durante su embarazo, la joven fue nuevamente despedida en menos de un mes.

El pasado 14 de febrero ambas empresas despidieron a Ordóñez Aguirre argumentando “recorte de personal”. Al percatarse de que era un argumento falso, Selene se negó a firmar su despido y a aceptar la indemnización de 9 mil pesos que le ofrecían.

Aunque no aceptó ser despedida, pues requiere de los servicios médicos a los que tiene derecho por parte de su empleo, cuando intentó registrar su salida en el reloj checador, éste no la reconoció pues el despido se había consumado.

Ante la rescisión injustificada y el acto de discriminación por embarazo, la Red para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres en Santo Domingo, Coyoacán, se trasladó a Apizaco, Tlaxcala (donde se localiza la planta) para manifestarle su apoyo.

Las y los integrantes de la Red bloquearon con mantas la entrada de la empresa, impidieron el acceso y salida de camiones y tráileres de carga, y exigieron la reinstalación de Selene en su puesto de trabajo.

Tras dos horas de manifestación, Serlimp accedió a la demanda e incluso firmó un convenio con la representante legal de Selene, en el que se comprometía a reinstalarla, a brindar los servicios médicos que le corresponden por ley, y a no tomar represalias en su contra por la manifestación.

No obstante, el miércoles pasado la joven fue despedida de nueva cuenta e incluso amenazada de ser demandada penalmente por la protesta realizada anteriormente, si insistía en recuperar su empleo.

Vía telefónica, la joven de 24 años contó a Cimacnoticias que este miércoles 5 de marzo se presentó a trabajar de manera normal. Poco antes del mediodía, Verónica Téllez Ponce, representante legal de la “outsourcing” (cuya firma está en el convenio) se presentó ante Selene junto con una abogada de nombre Noemí, también supuesta representante legal de la empresa.

Ambas le dijeron a la trabajadora que estaban ahí para calcular el monto de la indemnización laboral y dar paso a la “renuncia voluntaria” de la joven, ya que “sus jefes no la querían tener ahí”.

Fue así que le ofrecieron 33 mil pesos como indemnización, la cual Selene rechazó por considerar que no era el monto adecuado, pues apenas cubría el costo del parto y postparto, además ella no quería dinero, “quería trabajar”.

Ambas mujeres le “aconsejaron” cambiar de abogada, con el argumento de que Edith Ramírez –su defensora legal y coordinadora de la Red para Prevenir la Violencia Contra las Mujeres–, lo estaba haciendo de manera incorrecta, pues “no veía por los intereses de Selene y únicamente buscaba hacerse famosa”.

Le “explicaron” a la joven que debía acceder a la “renuncia voluntaria”, pues “así como ella tenía derechos como empleada, los empleadores (la empresa) también tenían derechos y uno de sus derechos era negarle el empleo a quien ya no querían tener ahí”.

Ante la insistencia de las representantes de la empresa, Selene se dio cuenta de que ellas “no querían negociar, ya tenían el monto calculado y sólo esperaban que lo aceptara”.

Le negaron la oportunidad de ponerse en contacto con Edith Ramírez y ante la exigencia de Selene –quien invocaba las prohibiciones de la LFT y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– de que la dejaran continuar trabajando hasta que terminara su incapacidad por embarazo, la abogada Noemí la amenazó con demandarla penalmente.

Sin decirle cual era el supuesto delito que había cometido y sin presentar argumentos jurídicos, la representante legal de Serlimp le dijo que “lo que había hecho para recuperar su empleo era ilegal y podía meterla a la cárcel”, y que entendiera que sus empleadores tienen el derecho de correrla

Tras una hora de insistirle a Selene que renunciara voluntariamente, ambas mujeres le pidieron a la joven recoger sus cosas, pues ya no podía estar ahí. “Recogí mis cosas y ellas me acompañaron a la puerta, quise checar mi salida pero ellas me lo impidieron”.

Selene pretendía ir al día siguiente a ver si el checador la reconocía, pero por el estrés se sintió un poco débil por la mañana y prefirió guardar reposo por su embarazo.

En tanto, la abogada Edith Ramírez sostuvo que ante el incumplimiento del convenio, el acto de violencia laboral y discriminación en contra de Selene, se presentará la demanda correspondiente y se buscará el respaldo de organismos autónomos contra la discriminación.

 

=AZM=

(CIMAC)


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