La secretaria de la Comisión de Vivienda, diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales (PRI) señaló que unas 500 mil familias están en riesgo de perder sus viviendas y patrimonio, por la actividad de cobranza que realizan los despachos que adquirieron la cartera vencida.
Por ello, propuso exhortar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a que revise la actividad de los despachos, toda vez que establecen mecanismos para presionar, e incluso despojar de sus viviendas, a los trabajadores que no pueden reintegrar el monto de los créditos.
A través de un punto de acuerdo que presentó en la Comisión Permanente, planteó al Infonavit constituir un diagnóstico de la relación entre crisis de los desarrolladores de vivienda, la protección que otorgan algunos órganos de Estado y las repercusiones de estas acciones en el programa de recuperación de créditos que afecta a los trabajadores con mayor pobreza.
En este contexto, Hernández Morales subrayó que en México es frecuente la quiebra de empresas de vivienda, lo que denota una grave crisis en el sector de la vivienda.
Mencionó que la cobranza mediante despachos que adquieren la cartera vencida del Infonavit debe ser regularizada “para no perjudicar más a los deudores que están en riesgo de perder sus viviendas”.
Se necesitan, argumentó, esfuerzos para modificar el proceso de cobranza, a través de programas accesibles de reestructuración y brindar a los trabajadores una segunda oportunidad de pago.
La diputada detalló que la cartera vencida, ahora llamada por el Infonavit «cartera en prórroga», afecta a 500 mil familias, quienes pueden perder su patrimonio. “Esto es una preocupación para la Cámara de Diputados”, indicó.
Refirió que una gran cantidad de trabajadores han establecido quejas, porque el monto de los ingresos que recibe el Instituto no corresponde con el bajo crecimiento del fondo de vivienda.
Se estima, agregó que el fondo de vivienda sufre impactos negativos y baja sus montos permanentemente. En 2013 ha tenido un crecimiento de 67 mil millones de pesos, muy distante a la cifra del año pasado, que fue de 153 mil millones de pesos.
Añadió que este panorama hace que los trabajadores padezcan incertidumbres y constantes presiones por no poder pagar sus deudas, así como temor a que les quiten su patrimonio en una estrategia que parece orientada más al salvamento de las grandes empresas de vivienda que no administraron adecuadamente sus recursos ni el financiamiento que el Estado les otorgó.
Mirna Hernández Morales consideró necesario resolver esta situación donde el más perjudicado es el trabajador junto con sus familias.
Solicitó que el Infonavit asuma una posición de mayor firmeza para evitar que crisis que viven los desarrolladores perjudique el patrimonio de los mexicanos más desvalidos.
El punto de acuerdo es analizado por la Tercera Comisión de la Permanente.
=Cámara de Diputados=
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