Foto: UNAM
La democracia y la igualdad aún constituyen las más grandes utopías de las sociedades modernas. Por ejemplo, el aparato estatal coloca en desigualdad a los individuos al no garantizar acceso equitativo a la justicia, expuso Rolando Tamayo y Salmorán, profesor emérito de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.
En la mayoría de los casos, esta garantía se ve limitada por la imposibilidad de abandonar responsabilidades laborales para atender requerimientos legales, así como por no contar con recursos suficientes para contratar un abogado, indicó el académico en la mesa redonda Derechos y Democracia, moderada por Socorro Apreza Salgado, directora del Seminario de Filosofía del Derecho de esa entidad.
A quien no comparece ante la ley se le da por confeso. Todos los recursos que podría interponer el agraviado en el proceso no son presentados en su defensa, explicó en la charla Imposibilidad de la democracia y la más triste imposibilidad de la igualdad.
El titular de la cátedra especial Eduardo García Máynez, expuso que el teorema de la imposibilidad de Kenneth Arrow, premio Nobel de Economía, establece que bajo ciertas condiciones de racionalidad e igualdad, es imposible garantizar que el rango de preferencias sociales corresponda a rangos de preferencias individuales al haber alternativas.
Esta tesis se aplica en el caso de la administración de la justicia, pues no todos los individuos disponen de los mismos bienes e inclinaciones. “Sin espacio, tiempo y dinero, a la mayoría de los implicados en procesos legales, el aparato de justicia los hunde, al ser tomados como confesos y declarados convictos”, refirió en el aula magna Jacinto Pallares, de la FD.
Derechos humanos
En su oportunidad, Adrián Rentería Díaz, de la Universidad de Insurbia, Italia, consideró que los derechos humanos ocupan un lugar central en la discusión pública en México. Esto radica en que son primordiales para las constituciones actuales de Occidente.
Los poderes Legislativo y Ejecutivo no pueden modificarlos, limitarlos o vulnerarlos, porque la Carta Magna impone límites; sólo se podrían alterar si su reforma no está restringida, mediante procedimientos más fuertes que los requeridos para la aprobación de leyes ordinarias.
A través de la historia, las constituciones ubican a los ciudadanos y sus garantías individuales en el centro de la arena pública, para organizar las relaciones interpersonales y acotar la intervención del aparato estatal, explicó.
Actualmente, el principio de mayoría ya no es fundamental para generar las decisiones más importantes, lo que conduce a una aparente contradicción entre derechos y democracia. El reto del Estado constitucional es situar el tema de las garantías individuales en un contexto adecuado, con la finalidad de resguardarlos y fomentarlos.
Al respecto, Jorge Cerdio, jefe del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), recordó que la democracia moderna es un sistema político de decisión y un conjunto de instituciones que garantizan derechos fundamentales y necesidades básicas de los ciudadanos.
No existe la democracia, porque no hay un sistema social en el que haya un acuerdo general mayoritario acerca de la moralidad, por ejemplo. Si algo caracteriza a los sistemas democráticos es la pluralidad individual de concepciones, concluyó.
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