Foto: Greenpeace
Sin tomar en cuenta las opiniones de los expertos, dos funcionarios de Semarnat, que ya han sido denunciados antes por aprobar el proyecto Cabo Cortés, ahora fueron denunciados por emitir un dictamen vinculante positivo para permitirle a Monsanto la siembra comercial de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica -tolerante al herbicida glifosato- en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
Greenpeace presentó ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos Alfonso Flores Ramírez, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), y Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, ya que el permiso se dio a pesar de existir una suspensión de oficio dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Mérida, Yucatán, para la siembra de 30 mil hectáreas de soya transgénica solicitada por Monsanto en 2011, debido a los daños irreparables que puede ocasionar al medio ambiente y los riesgos que representa para la salud humana.
El dictamen positivo vinculante que otorgaron ambos funcionarios de Semarnat contraviene las opiniones técnicas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y del Instituto Nacional de Ecología (INE) quienes dieron dictamen no favorable, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que recomendó – dado el evidente riesgo de afectación a áreas naturales protegidas por contaminación del glifosato, así como de afectación a la polinización favorecida por la apicultura- hacer una evaluación del impacto ambiental de la soya transgénica antes de ser liberada.
El Reglamento Interior de la Semarnat (artículo 27, fracción XX) establece que las opiniones técnicas científicas son obligatorias. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no puede dar permisos para la siembra de transgénicos sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad que emita la Semarnat, previa opinión técnica vinculante, análisis y evaluación de riesgo del INE, de la Conabio y, en su caso, opinión de la Conanp.
Lo que hicieron Limón y Flores fue faltar a sus obligaciones y por su falta de ética en el servicio público merecen ser sancionados, ya que sus decisiones, tomadas de manera irresponsable afectarán gravemente al sector apícola de nuestro país, al medio ambiente y a la salud de los pobladores de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja (Apis mellifera), 40 por ciento se produce en la Península y más de 90 por ciento de la producción anual se exporta a la Unión Europea. Cuarenta mil apicultores y sus familias dependen de la producción de miel. 15 mil familias producen más de 10 mil toneladas de miel, generando una derrama económica superior a los 300 millones de pesos al año.
La decisión del Tribunal de Justicia Europeo en el caso C-442/09, al prohibir la venta de miel que contenga polen de cultivos no autorizados o requerir su etiquetado cuando contenga más del 0,9 por ciento de polen de cultivos transgénicos autorizados, plantea una afectación económica para el sector apícola mexicano.
Dado que es inevitable que el cultivo de soya transgénica afecte la calidad y el mercado de la miel de abeja, así como a la salud de las abejas nativas, de los trabajadores del campo y demás habitantes locales, Greenpeace exige la aplicación del enfoque precautorio contenido en la declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo; así como en Protocolo de Cartagena, firmado y ratificado por nuestro país, donde se establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
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