La CIDHM llevó el informe a instancias federales e internacionales
Foto: Emsa Valle
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) entregó hoy al Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, un informe sobre la inacción del gobierno estatal para detener la violencia feminicida.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la CIDHM dio a conocer la investigación “Alerta de Violencia de Género ante 13 años de feminicidio imparable en Morelos”, que exhibe la inacción del gobierno local ante los asesinatos de 530 mujeres entre 2000 y 2013.
Juliana Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, y José Martínez Cruz, integrante de la organización, explicaron que este informe es para solicitar se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad ante la creciente ola de homicidios por razón de género que no son investigados, esclarecidos y sancionados.
En entrevista, Quintanilla explicó que no se espera que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres someta a votación la procedencia de una investigación por feminicidio en el estado, pues el objetivo del reporte es exhibir que las autoridades locales y federales son omisas ante una problemática tan preocupante y violatoria de los Derechos Humanos (DH).
La activista recalcó que el procedimiento estipulado en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) –en la que se estipula la alerta– es “sumamente burocrático”, y ha impedido que la AVG sea decretada para otras entidades que lo han solicitado.
Por lo anterior, la CIDHM decidió buscó otras opciones para llamar la atención del Estado y que se emprendan medidas reales para detener la violencia de género. Lo que se busca –sostuvo Quintanilla– es exhibir la inacción de los gobernantes ante la esfera internacional.
También se pretende evidenciar ante las dependencias federales que las cifras de violencia feminicida en Morelos existen, están sustentadas y que el trabajo de investigación y recolección de datos –que es obligación de los gobernantes– lo realizan los grupos civiles.
El informe de 280 páginas presenta un esbozo de la situación de violencia que viven las morelenses y que se ha recrudecido en 13 años. Por ejemplo, mientras en 2010 se registraron 47 asesinatos para 2012 la cifra ascendió a 92 casos.
Durante la rueda de prensa, José Martínez Cruz denunció que en la entidad –pese a contar con el tipo penal de feminicidio– hasta ahora no hay ninguna sentencia por este delito, pues generalmente los casos son investigados como asesinatos y homicidios, lo que implica que no se cuenten con cifras oficiales sobre el incremento de los casos.
Agregó que al mismo tiempo las dependencias estatales se niegan a brindar información oficial y cuando se presentan los informes ciudadanos generalmente son descalificados o desestimados, pues “dicen que exageramos”.
El documento que hace un exhorto a los funcionarios federales, incluido Enrique Peña Nieto, para decretar la AVG, rememora todas las acciones que desde la CIDHM se han emprendido para que la AVG sea puesta en acción, y que iniciaron en agosto de 2012 con la entrega de un documento que alertaba del incremento de la violencia al entonces gobernador Marco Adame Castillo.
Posteriormente, la Comisión intentó exhortar al ahora gobernador, Graco Ramírez, pero al no recibir respuesta enviaron misivas al titular del Ejecutivo federal para que ordenara la AVG. No obstante, tampoco hubo eco.
=AZM=
(CIMAC)
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