Foto: Visión Peninsular
A diario, los gobiernos y las empresas privadas violan los derechos humanos de los pueblos indígenas en muchos sentidos, aseguró la representante del Colectivo de Abogados, A.C., Claudia Gómez Godoy.
Durante el Foro Derechos Humanos y Empresas, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recalcó que en los juicios pueblos indígenas vs. empresas nacionales o extranjeras, vulneran los derechos de ese sector de manera conjunta.
“Violan muchos de los derechos que están reconocidos internacionalmente, como del derecho al territorio o a la consulta previa libre e informada”, manifestó.
Y este último, dijo, es un derecho obligatorio y vinculante; sin embargo, en casi todos los proyectos empresariales en zonas indígenas simplemente no se respeta.
“El derecho a la autodeterminación, a la salud y a la vida de los pueblos indígenas se viola diariamente”, puntualizó.
Recordó que las comunidades afectadas desde hace más de 20, 30 y hasta 40 años, han recurrido a los mecanismos judiciales de protección que el Estado ha desarrollado para que las violaciones a sus derechos no sucedan, con poco éxito.
Citó como ejemplo los casos del pueblo Yaqui en contra de la empresa Exploraciones Mineras del Desiertosobre la construcción del acueducto Independencia; de la población Raramuri en contra del proyecto Barranca del Cobre y de la comunidad Hñahñu en contra de la autopista Silao-San Miguel de Allende, entre otros.
Claudia Gómez Godoy afirmó que en todos los casos, las empresas se escudan bajo el argumento de que el Estado es quien viola y no ellos los derechos humanos.
Indicó que las diversas trabas legales alargan los litigios por varios años. “Las violaciones por supuesto se perpetúan en el tiempo, generando simplemente conflictos”, subrayó.
“Lo único que pasa con esto es que con el tiempo se recrudece el conflicto y la división entre las comunidades, y esto pasa en todos los casos en donde los pueblos indígenas defienden su territorio”, concluyó.
En su oportunidad, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, Xavier Díez de Urdanavia, aseveró que las empresas son una fuente mayor, aún por encima de las autoridades de gobierno, de violación a los derechos ciudadanos.
En ese sentido y al abordar el tema “La responsabilidad de las Empresas en Materia de Derechos Humanos”, se pronunció por que los organismos públicos de derechos humanos pongan énfasis en la prevención.
Por otra parte, el Fundador y Director Ejecutivo de la organización civil PODER, Benjamín Cokelet, apuntó que dos de cada tres pesos destinados al desarrollo de México provienen de la iniciativa privada.
Comentó que solamente 140 empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, una de las tasas más bajas del mundo, lo que representa el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
“Solamente 70 personas, 69 hombres y una mujer, controlan el 36 por ciento del PIB de México. Cuando tan pocas personas controlan el PIB de un país, tienes una situación de riesgo”, sentenció.
En el Foro Derechos Humanos y Empresas también participaron la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez; el Defensor del Vecino de Montevideo, Uruguay, Fernando Rodríguez; la Consejera en Derechos Humanos y Empresas del Instituto Danés de Derechos Humanos, Paloma Muñoz; el Abogado de la Unión de Afectadas y Afectados por Operaciones Petroleras de Ecuador, Juan Pablo Saénz; el representante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), Felipe Burgueño.
=CDHDF=
Comentarios recientes