Foto: CEAV
Las víctimas tienen derechos que están consagrados en la Ley General de Víctimas, por lo que el Estado y todas las autoridades del país tienen la obligación de atenderlos homologando las legislaciones locales con dicha ley y posteriormente garantizando su aplicación, manifestó en conferencia de prensa el Comisionado Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón.
En el marco de la gira de trabajo que realizaron los Comisionados de la CEAV Jaime Rochín del Rincón, Julio Hernández Barros, Carlos Ríos Espinosa y Rosario Torres Mata por el estado de San Luis Potosí, el Comisionado Presidente destacó que no hace falta crear nuevas leyes de atención a víctimas en cada entidad, sino adecuar la normatividad que ya existe, revisarla y armonizarla conforme a la Ley General de Víctimas, así como establecer algunas acciones sustantivas como crear una asesoría jurídica, un registro de víctimas en concordancia con el registro nacional de la CEAV, una comisión ejecutiva estatal con autonomía de operación y un fondo para la reparación del daño.
Jaime Rochín subrayó que la visita a San Luis Potosí responde a la necesidad de encontrar mecanismos para que el estado cuente con una plena armonización de sus legislaciones con la Ley General de Víctimas, pues es interés primordial de esta Comisión colaborar con toda las entidades federativas para concretar el nuevo modelo integral de atención a víctimas que ampara la Ley.
Con ese objetivo, las y los comisionados de la CEAV sostuvieron una reunión de trabajo con el Gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, para explicarle los objetivos y funciones de la CEAV, así como ofrecerle el apoyo y asesoría necesaria, a fin de que el estado pueda cumplir en el plazo más inmediato posible con todos los ordenamientos legales en materia de protección a víctimas.
Previo a la reunión con el Gobernador Fernando Toranzo, en conferencia de prensa el Comisionado Carlos Ríos Espinosa recordó que hasta antes de la Ley General, la víctima era una especie de “convidado de piedra” en el proceso penal, pues el nivel de representación de ésta no se asumía por el Ministerio Público. Dijo que la Ley General de Víctimas es un ordenamiento legal que obliga a todas las autoridades a cumplir con sus disposiciones, que deben ser entendidas como nuevos instrumentos de protección a las víctimas. “Se trata de mecanismos novedosos que les permiten a las víctimas defender de mejor manera sus intereses en el marco de los distintos procedimientos que deben enfrentar”, aclaró.
Por su parte, el Comisionado Julio Hernández Barros comentó que el Registro Nacional de Víctimas no debe ser entendido como un documento de números y estadísticas, sino que debe ser un instrumento que aporte datos e historias que señalen qué trato han recibido las víctimas por parte de las autoridades y cuáles de ellas han sido omisas o no han cumplido con su deber, saber qué atención se les ha brindado y qué derechos les han sido vulnerados o negados, para actuar en consecuencia.
Hernández Barros informó que se han girado oficios a todos los estados, incluyendo San Luis Potosí, para solicitarles información sobre si existe un registro estatal de víctimas, qué instituciones son las encargadas de elaborarlo, así como conocer los datos que contienen dichos registros y las plataformas tecnológicas en que se encuentran, para poder hacer la migración de todos los datos estatales en el país y la CEAV los integre en un sólo documento de carácter nacional.
En tanto, la Comisionada Rosario Torres Mata recordó que la CEAV y la Ley General de Víctimas son resultado del esfuerzo de las propias víctimas y las Organizaciones de la Sociedad Civil que lucharon por dotar de mayores derechos y mecanismos de protección y promover el acceso a la justicia. Mencionó que es importante ofrecer medidas de prevención de delitos, porque es fundamental que los esfuerzos institucionales permitan la disminución de víctimas en todo el país. Coincidió en que es importante que todos los gobiernos estatales cumplan con dicha Ley, por lo cual es fundamental que en corto plazo se encuentre armonizada con las legislaciones locales de todos los estados de la República.
Durante la conferencia de prensa y a pregunta expresa de los reporteros sobre las recientes denuncias de pederastia clerical que se han presentado en la entidad, Jaime Rochín destacó que la CEAV se ha pronunciado de forma clara y firme, sin espacio a la duda, contra los casos de abuso de pastores, sacerdotes y cualquier ministro de culto religioso, por lo que es importante que en este caso se generen políticas públicas que protejan el interés superior de la infancia y se castigue a los responsables.
Subrayó que la pederastia es un delito equiparable a la tortura espiritual, pues implica un engaño y una manipulación de la fe de las personas que debe ser sancionado en forma enérgica y el delito debe ser imprescriptible.
Sobre este tema, el Comisionado Julio Hernández apuntó que cualquier ministro de culto, de la religión que sea, que omita datos sobre el delito de pederastia, se convierte en cómplice del victimario y puede ser responsable del delito de encubrimiento.
Finalmente, durante su gira por San Luis Potosí, las y los Comisionados de la CEAV participaron en el “Foro Sobre Armonización Legislativa en Materia de Víctimas del Delito”, en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde en diversas ponencias explicaron los objetivos y funciones de la CEAV, así como detalles específicos de la ley General de Víctimas
=CEAV=
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