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Guadalupe Cruz Jaimes/Cimacnoticias
Luego de que el diputado priista José Luis Alférez, presidente de la Comisión de la Familia en el Congreso de Aguascalientes, presentó el 10 de enero una iniciativa para modificar la Constitución local a fin de penalizar el aborto, se desató la polémica entre defensoras del derecho a decidir, grupos Provida y legisladores conservadores.
La propuesta del tricolor pretende proteger la vida “desde el mismo momento de la concepción”, tal como lo impulsaron y aprobaron legisladores de PRI y PAN en 17 estados desde 2008 a diciembre de 2010, para criminalizar la interrupción del embarazo. En tales entidades incluso se han registrado casos de mujeres que han sido encarceladas por sufrir abortos espontáneos.
Actualmente el artículo 2 de la Constitución de Aguascalientes plantea que “todo individuo gozará en el estado de las garantías que otorga la Constitución federal y tendrá los derechos y obligaciones establecidas por las leyes locales”.
Mientras que la iniciativa del PRI propone en cambio que “todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción, por ello nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”.
Alférez argumenta que la iniciativa –turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; Equidad de Género, Social y Humana; de la Familia; Derechos Humanos y Justicia–, responde a una demanda ciudadana en el estado, ya que “93 por ciento de sus habitantes son católicos”.
Alfredo Martín Reyes, coordinador del PAN en el Congreso estatal, respaldó la propuesta que en la Legislatura anterior fue presentada por su partido y el Verde Ecologista, pues dijo “no podemos por un lado estar cuestionando la lacerante guerra del pasado sexenio y no decir nada sobre los 50 mil abortos que ha habido en el DF (en alusión a que en la capital del país es legal la interrupción del embarazo)”.
POLÉMICA
En un comunicado, el Congreso de Aguascalientes informó sobre la controversia desatada entre defensoras del derecho a decidir, representantes Provida y diputados conservadores, durante una reunión previa convocada por Alférez para debatir la iniciativa.
En el encuentro, Ricardo Serrano, vicepresidente del Movimiento Sí a la Vida, negó que la reforma violente los derechos sexuales de los jóvenes, pues, aseveró, “primero se debe dejar que nazcan para que los puedan ejercer”.
Al respecto, Mariana Ávila, de la organización Colectiva Feminista, calificó a la actual Legislatura del estado como “alejada de la sociedad”, y a la iniciativa de Alférez como “violatoria de los derechos de las mujeres”.
La también consejera del Instituto Nacional de las Mujeres señaló que los diputados en vez de “sustentar reformas en la religión” que violan el Estado laico, deberían ocuparse de la tipificación del feminicidio y apoyar causas sociales.
Betsy Anahí Montoya, representante de la asociación civil RDfine México, criticó que en la discusión no estuvieran incluidas las mujeres y las y los jóvenes, a pesar de que ellas serían las afectadas de reformarse la Constitución local.
Recordó que existe una Cartilla Nacional de Derechos Sexuales en la que se expresa que las mujeres tienen derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener, y sugirió que se implementen políticas públicas de educación sexual.
En respuesta, Mario Iván Urbiola –a quien cita el comunicado como un asistente que no pertenece a algún partido o asociación– dijo que el aborto no sólo es asunto de mujeres, “pues para generar una nueva vida se requiere de la intervención del hombre, a quien no se debe excluir del debate”.
Ávila intervino para advertir que al generalizar la protección a la vida desde la concepción se eliminarían los casos de excepción para interrumpir el embarazo, como cuando el producto es resultado de una violación.
Alférez concluyó la reunión con un llamado a las y los participantes para que hicieran llegar sus observaciones al Congreso estatal, pero aclaró que será el Pleno del recinto el que decida si avala o no la protección jurídica de la vida desde la concepción.
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