Foto: Voz Insurgentes
De acuerdo con el Registro Nacional de Casos realizado por el Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida, en 2013 el estado de Chiapas ya ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el número de población con el virus al llegar a 7 mil 567 casos registrados, de los cuales 5 mil 534 son varones y 2 mil 33 son mujeres, es decir una mujer por cada cuatro varones.
De esa cifra, es difícil calcular el número exacto de casos de VIH que se presentan en la población indígena, puesto que “los formatos nacionales para registrar los casos carecen de un espacio certero donde se permita saber quiénes pertenecen a una etnia”, explica María Eugenia Martínez Hernández, responsable del Programa de VIH del Centro de Investigación en Salud de Comitán (CISC), organización civil con más de 15 años de trabajar en prevención e investigación de la epidemia en la región.
En una entidad donde uno de cada dos habitantes vive en el campo, a pesar de la ampliación de las Jurisdicciones Sanitarias los servicios no han crecido lo necesario.
Para la población rural con el virus es difícil desplazarse para obtener la atención especializada. En Chiapas sólo existen dos Centros Ambulatorios de Prevención y Atención al Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS): uno en Tuxtla Gutiérrez y otro en Tapachula.
Violencia y VIH: combinación mortal
El hecho de que el virus avance cada vez más entre la población femenina tiene como principal causa las relaciones económicas desiguales entre los sexos.
Los varones, al tener el rol de proveedores económicos, muchas veces imponen sus deseos. “Hemos encontrado que hombres migrantes de larga temporada, al regresar a sus casas exigen otras practicas sexuales a sus esposas, por ejemplo sexo oral o anal, donde por supuesto no está presente el condón”, señala Martínez Hernández.
“Nunca había visto un condón”, cuenta un testimonio recabado por el CISC de una mujer que ya tiene la enfermedad. Incluso aún diagnosticada todavía está expuesta a chantajes o golpes de su pareja por sugerir el uso del preservativo.
Las relaciones sexuales forzosas son otro amargo capítulo del que no se quiere hablar y que también expone cotidianamente a miles de chiapanecas.
En muchas comunidades rurales la violación es aceptada socialmente cuando un conocido abusa sexualmente de una mujer para hacerla su pareja; además dentro del matrimonio es común tener sexo con el esposo por obligación. “(Hay que) satisfacer esa necesidad de los hombres”, según el testimonio de una joven tzotzil de 18 años.
Vulnerabilidad de jóvenes migrantes
“A un compañero de la escuela su casera le perdona la renta, le compra zapatos o celular a cambio de sexo… dice que su esposo ya está viejito”, describe una de las ilustraciones del folleto diseñado por el CISC y el Censida, dirigido a indígenas en situación de migración.
Cuando la beca o el dinero enviado por los padres no alcanza para vivir en la ciudad, las y los jóvenes indígenas buscan formas de supervivencia aunque su vulnerabilidad aumenta.
En San Cristóbal de las Casas es un secreto a voces que, a un costado del mercado de artesanías de la Plaza de Santo Domingo, estudiantes indígenas buscan hacer favores sexuales a cambio de obtener ropa o completar ingresos para sus libros.
Tema aparte es la compleja situación de muchas jóvenes migrantes, entre las que se encuentran menores de edad de Honduras o Guatemala, quienes deben emplearse como meseras en la “zona de tolerancia” en la afueras de Comitán, y que proliferan en la ciudad fronteriza de Tapachula.
Con todo en contra las jóvenes buscan estrategias para protegerse de las ITS y el VIH; gracias al trabajo de grupos civiles han conocido el uso del condón femenino, el cual tiene gran aceptación entre las mujeres en condición de explotación sexual comercial, quienes muchas veces se enfrentan a hombres reacios a usar el preservativo masculino.
Corrupción estatal viola derechos
En este contexto de inequidad económica y migración, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y ejercer sus derechos sexuales aún está lejos de cristalizarse.
Frente a este reto, las organizaciones civiles han hecho alianzas con autoridades estatales. A principios de la década del 2000 se constituyó el Grupo de Trabajo en VIH y Sida en Chiapas, del que forma parte CISC, el Colectivo para la Atención Integral de la Familia (Cifam), Colectivo Red Abierta, Nuevos Códices Compatía, y Jlulmatik Equidad del Sur, entre otras.
De acuerdo con una investigación periodística publicada a principios de año, el ex gobernador Juan Sabines gastó 113 millones 462 mil pesos en pruebas de detección rápida de VIH.
A pesar de que los grupos civiles han trabajado con organismos estatales responsables de la detección, no conocen la existencia de un programa gubernamental de diagnóstico oportuno en el que pudieron utilizarse las pruebas.
“Nos dijeron que se habían comprado para los donadores de sangre, pero esa millonaria cantidad de dinero daba para realizar pruebas rápidas a toda la población chiapaneca, incluidos niños y adultos mayores, sin embargo no hay abasto de pruebas rápidas”, señala María Eugenia Martínez Hernández, que también forma parte del Grupo de Trabajo.
A pesar del claro señalamiento de corrupción, el gobierno actual y las dependencias responsables de atender la prevención de la epidemia no han respondido.
En ese sentido, la también trabajadora social enfatiza que el actual gobierno de Manuel Velasco Coello tiene el pendiente de reactivar el Coesida y el Programa estatal de VIH. “Además de la prevención, detección y atención, el otro gran pendiente es trabajar sobre el estigma y la discriminación, la otra gran epidemia”.
=IRD=
(CIMAC)
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