Foto: Cámara de Diputados
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que garantice la investigación, sanción y reparación de daños por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, afectadas en México por el operativo Rápido y Furioso.
El proponente del punto de acuerdo, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) explicó que el objetivo es contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos víctimas de la delincuencia, que adquirió armas del fallido operativo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos.
“La pasividad de las dependencias de seguridad o la opacidad en la información ante los crímenes ejecutados con las armas señaladas, expresan indicios de complicidad al ocultar información e incumplir la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas”, sentenció.
En tanto, el diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) manifestó que el tema del operativo Rápido y Furioso no sólo deterioró la relación con Estados Unidos; además, ha significado la muerte de inocentes por parte de la delincuencia organizada.
“Se requiere que las dependencias gubernamentales mexicanas exijan información, así como avances de la investigación, al gobierno estadounidense”, expresó.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD) subrayó que la exigencia al Gobierno Federal de brindar toda la información relacionada con el mencionado operativo sigue siendo un reclamo social, “que lamentablemente no ha sido escuchado por el titular del Ejecutivo Federal”.
Añadió que las investigaciones siguen en Estados Unidos y como parte de los resultados sabemos que dos mil armas se introdujeron al país para los cárteles de la droga; también es conocido que se perdió el rastro de mil 400 armas y sólo han logrado decomisar 710.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) aseguró que el operativo Rápido y Furioso atentó contra los principios elementales del derecho internacional y evidencia una política inhumana a lo largo de la frontera.
“Reprobamos de manera absoluta la conducción del problema por parte del gobierno mexicano. La reacción diplomática ha sido insuficiente en relación al agravio y la opacidad en la revelación de la información generada resulta inexplicable”, aseveró.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez (MC) acusó de irresponsable al gobierno mexicano “porque no ha adoptado las acciones pertinentes para esclarecer todos los pormenores de este tipo de actos injerencistas y sancionar a los responsables; se ha inclinado por el tortuguismo, la impunidad y falta de transparencia”, opinó.
Advirtió que los efectos fueron catastróficos, pues lejos de combatir la criminalidad organizada sólo consiguieron empoderarla y potenciarla; por ello, se hace énfasis en la reparación del daño de las víctimas.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) señaló que este operativo, más allá de la cuestión de las relaciones bilaterales, deja ver los problemas relacionados con el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas.
“Además de la indemnización que se le debe dar a las víctimas, está su derecho a la verdad, el derecho al acceso a la justicia y a que no quede en la oscuridad y la impunidad el nombre de quienes son responsables de los ilícitos de este operativo”, apuntó.
El diputado Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) aseguró que el respeto a los derechos humanos debe ser prioridad en la estrategia de la seguridad nacional; por ello, ninguna acción contra la delincuencia organizada, por más urgente y necesaria, está por encima de la ley, menos cuando implica afectación directa a los ciudadanos.
Exigió garantizar el control de las autoridades nacionales sobre los operativos conjuntos. “El fracaso de Rápido y Furioso muestra, además de la violación del derecho internacional, la ineficacia de la relación bilateral que se tradujo en mayor armamento a los grupos de la delincuencia organizada”.
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