El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, señaló que la publicación de la Ley de Atención a Víctimas hubiera permitido hacer las adecuaciones correspondientes en los puntos que señaló el Ejecutivo Federal con inconsistencias antes de que entrara en vigor, ya que se contaba con un plazo de 180 días para presentar iniciativas por separado.
“Estábamos en posibilidades de que si se publicaba la ley había un plazo para que entrara en vigor en 180 días, entre tanto se construían ciertas cuestiones que permitieran atender a las víctimas, en esos días también había posibilidades de que cualquier cosa que faltara o las observaciones pudieran ponerse en un texto de una inactiva que complementara la actual ley de víctimas”, dijo.
Rojas Gutiérrez, señaló que habrá que esperar la resolución de la Corte, y se pronunció por continuar en comunicación con la Secretaría de Gobernación para buscar soluciones alternas, publicó el Congreso en su página de Internet.
El diputado Arturo García Portillo, del grupo parlamentario del PAN, señaló que el Presidente de la Comisión Permanente actuó de manera correcta al solicitar la publicación de la Ley de Atención a Víctimas, ya que todos los grupos parlamentarios se pronunciaron en ese sentido.
“Todos los grupos parlamentarios coincidimos en que el trámite que pidió el presidente de la Mesa Directiva es el correcto, crememos que debió haberse publicado la Ley, espero que la Corte resuelva pronto y que nos dé la razón para ya poder encontrar la manera de corregir lo que se tenga que hacer en su momento”, dijo.
El legislador panista indicó que existe plena disposición de la Comisión Permanente para dar una respuesta rápida y aceptable por todos los grupos parlamentarios a la controversia constitucional.
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD, José Luis Jaime Correa, afirmó que el Ejecutivo Federal demostró falta de sensibilidad con las víctimas de violencia, e incumplió los acuerdos establecidos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia.
“Es un atraco del Ejecutivo el haber incumplido los acuerdos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, los grandes dañados con esta controversia son las víctimas del sistema, de la estrategia equivocada para atender el tema de seguridad”, dijo.
Jaime Correa enfatizó que hay necesidad de que La Corte resuelva en el menor tiempo posible, por lo que se pronunció porque la Cámara de origen, que es el Senado de la República y la Comisión Permanente, dé respuesta a la brevedad en su carácter de demandados.
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