Foto: Cámara de Diputados
Para combatir a fondo la violencia en contra de las mujeres, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, se comprometió a impulsar que el órgano legislativo se sume a este esfuerzo de la Organización de Naciones Unidas.
La legisladora participó en representación de la Cámara de Diputados en la inauguración del Seminario La Prevención de la Violencia de Género en México: Retos en Materia de Derechos Humanos, como parte de la adhesión de la CNDH a la campaña del Secretario General de Naciones Unidas Únete para Poner fin a la Violencia contra las Mujeres.
Ahí, señaló que México, al igual que muchos otros países, registra una alta incidencia de hechos violentos en contra de las mujeres, que van desde la verbal o psicológica, hasta la institucional, que pasa, desde luego, por la violencia física que llega a ser mortal.
Reconoció que las tareas pendientes son muchas, por lo que ofreció trabajar desde el Poder Legislativo, en coordinación con la ONU, la CNDH y todas las organizaciones de la sociedad civil para encontrar los tópicos legislativos más apremiantes para impulsar las correspondientes iniciativas legislativas lo más pronto posible.
Tras congratularse de esta adhesión, aceptó que está pendiente una agenda amplia que merece la atención de todo el Estado Mexicano, incluyendo a los organismos protectores de los derechos humanos, como la CNDH.
Llamó a que en estos seminarios se aborden dos aspectos rezagados: la violencia institucional y la emisión de las alertas de género.
Explicó que cuando “una mujer es víctima de algún tipo de violencia, en todos los casos tiene que enfrentar a un aparato de procuración e impartición de justicia y de atención a víctimas ineficiente, limitado y en muchos de los casos revictimizante”.
Tal revictimización, añadió, ocurre incluso ante los propios organismos públicos de derechos humanos, que en su mayoría carecen de programas dedicados a vigilar, atender y observar la actuación de los servidores públicos encargados de prevenir, atender y sancionar la violencia de género.
Demandó que las mujeres víctimas de violencia sean tratadas con respeto, dignidad y una visión integral protectora de sus derechos humanos, que les permita no sólo denunciar y hacer frente a sus agresores, sino confiar en las instituciones y romper el terrible círculo de la violencia.
Explicó que a partir de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el año 2007, se inició un proceso de discusión en torno a lo que esa legislación estableció como “alerta por violencia de género”, legislado como un mecanismo emergente y extraordinario, capaz de llamar la atención de los gobiernos para poder atender un fenómeno de violencia focalizado e identificado en algunas regiones o zonas del país.
Sin embargo, este noble mecanismo se vio limitado en la emisión del respectivo reglamento por parte del Gobierno Federal, al establecer un procedimiento complejo y totalmente politizado que restringe los derechos humanos de las niñas y mujeres de nuestro país. Al desvirtuar su naturaleza, la alerta de género pasó de ser un mecanismo emergente de actuación gubernamental a un mecanismo “de control de daños” político y una moneda de cambio.
Por ello, dentro de la agenda legislativa de la izquierda en la Cámara de Diputados, se incluye una reforma a la Ley General que asegure que las “alertas de violencia de género” cumplan realmente su función, que dejen de ser un mecanismo político de negociación entre los partidos políticos y se conviertan realmente en mecanismos de atención y reacción inmediata para todos los niveles de gobierno ante situaciones extremas de violencia de género.
Recordó que durante su gestión como diputada en el Distrito Federal, en la legislatura que acaba de concluir, impulsó con otras diputadas la tipificación del feminicidio en la Ciudad de México, al imponer sanciones ejemplares en contra de quienes cometan este terrible delito y estableciendo condiciones particulares en la descripción penal que permiten identificar cuando el homicidio se comete por razones de género.
Esta acción legislativa, y la consecuente elaboración de protocolos especializados de investigación, agregó, han sido replicadas por diversas entidades federativas en los últimos 12 meses, “situación que nos enorgullece y nos insta a continuar en la misma senda”.
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