Foto: CIDAC
¿El Ministerio Público debe atender con los mismos recursos a todos los delitos?
De acuerdo con el estudio “8 delitos primero, índice delictivo«, del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC, el MP debería concentrarse en ocho delitos, cuyo impacto sobre la inseguridad en la sociedad es mayor.
Dichos delitos son: secuestro; homicidios relacionados al crimen organizado; lesión dolosa con arma blanca; extorsión; robo a peatón con violencia; robo a peatón sin violencia; robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia.
“El impacto de estos delitos, además, es diferente. Sólo dos secuestros más por cada 100 mil habitantes hacen que 1.2 millones de mexicanos se sientan inseguros. Para lograr el mismo efecto, se requieren ocho homicidios relacionados con el crimen organizado. Es decir, un secuestro hace sentir a la sociedad cuatro veces más insegura que un homicidio”, de acuerdo con información del CIDAC.
Durante la presentación del informe, la directora del centro de investigación, Verónica Baz dijo que era necesario hacerlo ante la peor crisis de violencia que enfrenta México.
También estuvo presente la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE) Ana Laura Magaloni, quien dijo que la práctica en los MP sí es priorizar algunos temas, pero no con base en lo que requiere la sociedad y el impacto de los delitos.
“En México sí ha habido priorización, pero tiene que ver con corrupción, influencia, pactos en lo oscurito, tratos VIP para que averiguaciones previas no se investiguen, no son criterios institucionales”, dijo la directora de Estudios Jurídicos del CIDE.
Se mostró de acuerdo con la necesidad de priorizar la investigación de algunos delitos, como dice el estudio del CIDAC. La aplicación de la justicia tiene recursos limitados y muchos delitos no se resolverán, situación también vista en otros países.
“Por ejemplo robo a transeúnte, no se resuelve, solo con un policía que lo vea o con cámara, pero no con el ministerio público”, explicó.
Otros delitos pueden resolverse, pero requieren demasiados recursos.
“No sé si valga la pena dedicarle recursos al fraude cuando está el secuestro”, apuntó.
Explicó que el índice de impunidad es alto en otros países. “60 por ciento de lo denunciado en Chile o Nueva York no desemboca en nada. Pero saben a qué dedicarle”.
En general en el mundo sólo se resuelve el 10 por ciento de las denuncias. “Ese porcentaje es el corazón del dilema. Hay delitos donde no puedes cerrar tan rápido el archivo”, añadió.
La investigadora lamentó que la sociedad se conforme solo con ver presentaciones de delincuentes golpeados en la televisión y escuchar sus declaraciones, pero sin ser convencidas con pruebas y transparencia. “Tenemos que pedir justicia y tener control de que quienes están en la cárcel son los responsables”, exhortó.
«No todo es prisión»
También estuvo presente el ex ombudsman del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, quien criticó que el MP, en lugar de hacer labor de representación social de la víctima, actúa como mediador.
Consideró que la tendencia de aumentar más penas para quienes cometen delitos menores, es inútil y las cárceles se atiborran.
El ex procurador del DF, Miguel Ángel Mancera también participó, y se refirió al papel de los MP’s.
Dijo que en el DF el MP habrá de conciliar entre víctima y victimario para que haya salidas alternativas, antes de enviar a alguien a la cárcel, tal como siempre piden las víctimas. Pero la labor del MP tendrá que ser transparente, y deberá avisarle de eso a la sociedad.
“Decirle a la sociedad que no todo es prisión”, expuso.
También participó Ernesto Canales Santos, socio de Canales Abogados y fundador de la organización Renace.
Dijo que el fracaso de la aplicación de la justicia en México tiene entre sus causas el exceso de facultades discrecionales de los Ministerios Públicos; la ausencia de derechos para víctimas y acusados; el abuso de la prisión preventiva, jueces lejanos a la historia del crimen y un sistema de cárceles deplorable.
También mencionó cómo a veces se persiguen delitos menores como los asaltos de pañales o refrescos en Wal-Mart u Oxxo, por una cuestión que la ley exige levantar averiguaciones previas, y con esas acciones contra gente con escasos recursos se les cambia la vida.
Los empresarios le preguntan qué hacer y él les dice que un cambio integral al sistema de justicia penal.
Coincidió en que es necesaria la conciliación en delitos de bajo impacto, para evitar mandar gente a la cárcel. A cambio que haya una confesión, una reparación del daño.
“La cárcel es uno de los medios, no el único”.
Finalmente, reiteró que una reforma penal integral es la respuesta.
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