Foto: CDHDF.
En tanto en los centros de reclusión no prevalezca el respeto a la dignidad humana y no se procure la administración real del tiempo y de los proyecto y mapas de vida de las personas privadas de libertad, será difícil y hasta imposible abrir la puerta para que caminen hacia donde como sociedad esperamos que caminen, advirtió la Segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Rosalinda Salinas Durán.
Durante su participación en el Foro de Diagnóstico Penitenciario, convocado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), lamentó que el actual sistema carcelario capitalino registre sólo dos casos exitosos de dos personas que al interior del centro de reclusión aprendieron, desarrollaron y perfeccionaron un arte, alcanzando un nivel de excelencia en su trabajo.
“Hoy su proyecto de vida no es otro más que el de seguirse dedicando a lo que hacen y que hacen muy bien. Son personas que su proyecto de vida, su pensamiento y dirección hacia lo que van a hacer tiene que ver estrictamente con eso que lograron aprender y desarrollar dentro del centro. En ambos casos, es la pintura”, celebró.
Y es que, reiteró, de acuerdo con el objetivo fundamental de los centros de reclusión en el país y el Distrito Federal, la institución penitenciaria tiene como fin la reinserción de las personas a la sociedad.
Pero “Cuando se rompe esa cadena institucional, donde no hay un objetivo a desarrollar y cuidar, no se hace sino tener a las personas en un centro, cualquiera que este sea, una institución psiquiátrica, un reclusorio o cualquiera institución total, y sólo retenerlas ahí, sin ningún objetivo”, explicó.
En su exposición en la Mesa 3 “Derechos humanos y reclusorios”, reiteró que no hay reinserción posible en tanto no se piense en el desarrollo de un proyecto de vida, por lo que se deben considerar los dos casos exitosos y paradigmáticos en la propuesta de políticas públicas.
“Empezar a construir oportunidades de empleo y para el desarrollo, con base en lo que las personas esperan hacer cuando salgan de prisión, porque si no es tiempo muerto, es tiempo en el que no se está desarrollando la persona en lo que busca ser, sino viviendo el efecto de ‘prisionización’, aquél que, en tanto más tiempo permanece una persona en el reclusorio, más adopta los usos y costumbres que ahí prevalecen, y eso sucede en México y en cualquier parte del mundo”, explicó.
Asimismo, señaló que los actos de corrupción en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fueron denunciados en un acto decidido y valiente de cinco internos que se mantuvieron ante las consecuencias que de ahí derivaron: “El mérito es de ellos y como Comisión nos ha tocado verificar que no exista ningún acto de represión en su contra”.
Tras citar al jurista italiano Luigi Ferrajoli, de que “hoy la cárcel sirve como contención social a la respuesta del delito”, Salinas Durán señaló que en México la cárcel pasó de ser un espacio para aplicar castigos, a uno de medidas para la readaptación y luego a otro para la reinserción basada en el deporte, el trabajo, la capacitación y la educación.
No obstante, cuestionó si efectivamente el esquema de reinserción, considerado también por otros países de la región como el más humanamente aceptable, es el que realmente se está aplicando, si ya está erradicado el castigo con enfoque paternalista y si las actividades que ahí se desarrollan se programan confiando en que una persona puede cambiar su conducta y sus relaciones sociales mediante su estancia en prisión.
“Debemos cuestionarnos entonces ¿qué es lo que esperamos de las cárceles?, ¿qué es lo que queremos que suceda en las cárceles? y ¿qué es lo que socialmente estamos dispuestos a dar para que los reclusorios funcionen?, porque de que cuestan, cuestan y mucho, pero, ¿qué es lo que los reclusorios están retribuyendo a la sociedad?”, exhortó.
E insistió en que la reforma penitenciaria pasa también por la revisión del Código Penal para no castigar todos los delitos con prisión: “Quitemos la calificativa de grave al delito más común, que es el de robo, porque eso nos llevó a la actual situación, igual que en América Latina. Técnicamente, aplicar la pena máxima del Derecho Penal, debería tener un tratamiento que permitiera que las personas pudieran llegar a convivir en la sociedad sin transgresión a las normas en las que convivimos”.
La primera propuesta para la ALDF, agregó, es revisar el catálogo de delitos, y pensar en penas siempre afuera de la celda; siempre tendrá que ser la cárcel el último recurso, nunca más el primero, no vamos a salir nunca del problema, sino imponiendo medidas alternativas a la prisión y medidas restaurativas para la víctima.
“Si tomamos en cuenta que 80% de personas privadas de libertad lo están por delitos de patrimoniales, debemos concluir que hay una necesidad, que hay un componente de pobreza en las personas que se encuentran hoy en nuestros reclusorios. El robo de un desodorante y de comida son sancionados con cárcel, inclusive por encima del Interés Superior de las niños y de los niños”, advirtió.
Citó el caso de una mujer que ingresa dos veces a prisión por robar comida en un centro comercial, sin considerar que está a cargo de su hija con una discapacidad psicosocial y de una nieta de dos años de edad: “No puede seguirse imponiendo el interés del derecho penal sobre el interés de las niñas y de los niños, siempre habrá que reconsiderar la imposición de esas medidas y pensar afuera de la celda, no hacia adentro”.
Se refirió además a los documentos, normas, observaciones generales, opiniones consultivas, jurisprudencia, local e internacional, a las líneas de acción contenidas en el Capítulo 13 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la implementación de la Reforma Constitucional en derechos humanos, a las propuestas y herramientas de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana (CoIDH), de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), de los Comités de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, han hecho sobre la aplicación de la pena privativa de libertad, en el que no quedan restringidos derechos como el de la salud, por ejemplo.
“Hoy los que nos falta no es información ni normatividad, sino tomar todo ese compendio, ese corpus juris en materia de derechos humanos y aplicarlo a la prisiones; cierto que no es un tema menor ni sencillo, parece que de pronto nos topamos con un monstruo de 15 cabezas, pero la espada de batalla tiene que ser, sin duda, el ejercicio y la garantía de los derechos humanos”, finalizó.
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