Foto: SCJN
La Reforma Penal de 2008 es una respuesta del Estado al derecho ciudadano de contar con una justicia pronta y expedita; a una administración e impartición de justicia respetuosas de la legalidad, transparente y en la que no tienen cabida valoraciones basadas en pruebas ilegales que vulneren los derechos humanos de las partes, aseguró el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Armando Valls Hernández.
Empero, aclaró que esta reforma en sí misma no garantiza el adecuado funcionamiento del sistema, ya que requiere mecanismos, medidas, reestructuras y cambios que generen una conciencia del nuevo sistema y permitan la transición e instrumentación de tan pretendido sistema en los últimos años por la sociedad mexicana.
Por ello, subrayó, esta reforma, una de las más importante que se han realizado en el país desde la Constitución de 1917, implica un cambio de mentalidad que debemos de estar dispuestos a entender y asumir, tenemos que adoptar el compromiso desde todas nuestras esferas para que el nuevo sistema de justicia penal que tenemos que construir funcione de acuerdo a los objetivos para los cuales fue creado.
Al dictar la conferencia magistral Ejes Rectores de la Reforma Penal, en el marco de las Jornadas de Actualización Jurisprudencial que organizó la SCJN en esta ciudad, el también Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional afirmó que todos los que están inmersos en el sistema de justicia, “tenemos una responsabilidad compartida para dar cumplimiento a los postulados constitucionales recientemente reformados”.
En este sentido, reconoció que esta reforma es una de las más trascendentales y complejas de los últimos cien años, por su impacto en las estructuras gubernamentales y por el número de instituciones y rubros que afecta.
Explicó que se modificaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 73 en sus fracciones XXI, XXIII, para transformar el sistema penal mixto que nos rige, por un sistema de corte acusatorio, mediante el cual, con un nuevo modelo procesal, se busca el respeto a la igualdad entre las partes y la garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.
Asimismo, dijo, el artículo 20 Constitucional, advierte un rasgo importante del sistema: los principios que lo rigen, que tienen por fin, privilegiar las garantías procesales y la protección de derechos fundamentales de los que intervienen en el proceso. Dichos principios son: la presunción de inocencia, la inmediación, la publicidad, la contradicción, la concentración y la continuidad, comentó.
El Ministro Valls Hernández apuntó que con los cambios de estas disposiciones, el Estado Mexicano transitará de un sistema inquisitivo a uno oral y acusatorio que implica la introducción de nuevas figuras como la aplicación de la justicia alternativa, los criterios de oportunidad, un procedimiento abreviado, la suspensión del proceso a prueba, entre otros aspectos y la inclusión de nuevos actores procesales, como el juez de control, el de juicio oral y el de ejecución de sanciones.
En su disertación, destacó que con la reforma constitucional de igual forma se modificarán todas las funciones de los actores que intervienen en el proceso penal actual, se redefinirán las actividades que realiza el Ministerio Público, las del policía investigador, de los peritos y se crearán nuevas unidades y estructuras que vayan acordes a los nuevos procesos.
Las competencias de estas nuevas figuras versarán sobre las solicitudes ministeriales de investigación, las solicitudes de vinculación a proceso y de imposición de medidas cautelares, abundó al aclarar que se vigilarán que se respeten las garantías de la víctima y el inculpado (jueces de control), de igual forma conducirán y estarán presentes en todo momento en la audiencia de juicio oral, determinarán los elementos probatorios, dictarán sentencia (juez de juicio oral), y juzgarán sobre los derechos del sentenciado y lo relativo a las penas impuestas (juez de ejecución de sentencias).
Por ello, la reforma constitucional implica cambios sustanciales tanto en la teoría como en la práctica en los tres niveles de gobierno, agregó.
El Ministro Valls informó que dentro de estos cambios sustanciales, el Poder Judicial ha establecido objetivos específicos tendientes a dar continuidad y contribuir en la instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Es por ello, comentó que el Presidente de la SCJN, Ministro Juan N. Silva Meza estableció tres ejes fundamentales sobre los cuales el Poder Judicial sustenta el proceso de instrumentación de la reforma Constitucional en materia penal. Estos son: Eje de cambio organizacional, el de cambio cultural y el de coordinación institucional.
Sin embargo, insistió, para lograr una transición exitosa, organizada y ejemplar es necesario seguir impulsando la instrumentación de esta reforma y para ello, enfrentará los retos en los que se tiene que trabajar.
El Presidente de la Segunda Sala aclaró que no se puede dejar de lado que el cambio de sistema de justicia penal en cuestión, involucra a la ciudadanía en general, ya que son los usuarios del sistema y por ello están involucrados en este cambio de cultura jurídica.
Por otro lado, subrayó que es vital implementar acciones tendientes a resaltar a la ciudadanía, la relevancia de la denuncia como parte fundamental de este nuevo sistema de justicia penal, su contenido y alcance, ya que no podemos partir de esfuerzos aislados encaminados sólo a ciertos grupos, este proceso debe ser desde adentro, debe transformarse la percepción de los ciudadanos y difundir las implicaciones de este nuevo sistema.
Manifestó que en relación al eje de coordinación institucional, la reforma obliga a que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, la academia y la sociedad civil, se coordinen a fin de que mediante el diálogo y el trabajo interinstitucional se integren visiones y opiniones para construir un nuevo sistema de justicia de manera armónica.
Dio a conocer que la Suprema Corte ha iniciado una serie de reuniones nacionales con Universidades, Facultades y Escuelas de Derecho, públicas y privadas, a fin de que éstas capaciten de manera actualizada a los estudiantes de derecho, quienes serán los operadores del sistema penal en el futuro. Se trata, dijo, de propiciar un Plan de Estudio Tipo, que incorpore todos los novedosos elementos que implica la reforma.
“Los profundos vacíos en la educación universitaria no van a ser llenados, si no se toma en cuenta a la universidad dentro de los procesos de la reforma judicial”, indicó, al puntualizar que se busca contar con planes de estudio actualizados y unificados sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal.
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