Foto: CDHDF
Cuando hablamos de grupos de la criminalidad organizada, existe la incertidumbre de quién puede saber en dónde están las personas, pero cuando hablamos de miembros de la policía, siempre hay alguien que sabe en dónde están las personas, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Durante su participación en la Jornada de Diálogo sobre la Efectividad de los Mecanismos de Búsqueda/Localización de Personas Desaparecidas, se dirigió a la señora Leonor Guadalupe Olvera, madre de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, cuya desaparición por parte de elementos de la policía judicial capitalina dio origen a la Recomendación 4/2002.
“Es muy importante que esté usted aquí, porque su presencia debe recordarnos en todo momento, a lo largo de esta Jornada y siempre que hablemos del tema que, más allá de la dimensión teórico-política de la discusión, hay personas que han sido víctimas, para recordarnos que tenemos que ser muy sensibles y evitar desprendernos de lo que significa la pérdida de un ser querido, de la incertidumbre de dónde está su ser querido. Señora, esta Jornada tiene que recordarnos todo el tiempo la circunstancia por la que usted está pasando”, insistió.
En este caso desafortunado, agregó González Placencia, quienes están involucrados son precisamente servidores públicos, lo que implica una responsabilidad mucho mayor del Estado para encontrar a Jesús Ángel.
“Cuando hablamos de grupos de la criminalidad organizada, existe la incertidumbre de quién puede saber en dónde están las personas; cuando hablamos de miembros de la policía, siempre hay alguien que sabe en dónde están las personas. Y ese es un tema de la mayor importancia, porque nos recuerda la responsabilidad que tenemos como Estado”, dijo.
En el marco del Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas y, derivado del Acuerdo de Solución Amistosa del Caso 12.791 contra el Estado mexicano, por la desaparición del joven Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, que sigue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció el dejo de frustración, ya que “La mejor solución será siempre que algún miembro del Estado mexicano podamos darle el resultado que usted espera, que es el del paradero de Jesús Ángel, señora Olvera”.
Ante el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo; del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Max Alberto Diener Sala; del Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Ontiveros Alonso; y de la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros; el Presidente de la CDHDF, expresó su confianza para que las discusiones del foro aporten resultados concretos sobre cambios legislativos y políticas públicas que refuercen los mecanismos de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.
La CDHDF calificó como “insatisfactorio” el cumplimiento de la Recomendación 4/2002, cuya investigación señaló a la Procuraduría capitalina como responsable de la violación a los derechos humanos de integridad, seguridad personal, libertad y dilación en la procuración de justicia.
Ante la persistente impunidad del caso ante las instancias federales, la CDHDF se sumó como peticionaria del caso ante la CIDH, velando por los derechos a la justicia y a la verdad de sus familiares.
Para la CDHDF, la desaparición forzada es un acto que afecta de manera grave la esfera de derechos de las personas víctimas directas e indirectas. El adecuado tratamiento de este tipo de violaciones implica la garantía y protección del Estado mexicano del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, ya que al tratarse de un acto continuo, éste únicamente cesa al momento de encontrar a la persona o sus restos, independientemente de la sanción de los responsables de la violación de los derechos humanos.
La señora Leonor Guadalupe Olvera, acudió como invitada especial de la Jornada, acompañada por la Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, Alejandra Nuño, que ha llevado su caso ante la CIDH.
Caso Jesús Ángel Gutiérrez Olvera
Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, de 25 años de edad, fue detenido arbitrariamente por agentes estatales el 14 de marzo del 2002. La detención se perpetró en una refaccionaria en donde trabajaba en la ciudad de México. A la fecha no se conoce su paradero.
Leonor Guadalupe Olvera López, su madre, presentó una denuncia ante la Procuraduría capitalina y, paralelamente, un amparo a favor de su hijo desaparecido. No obstante, fueron infructuosos sus esfuerzos para encontrarlo mediante los mecanismos de la justicia interna.
Tanto Leonor como sus familiares y abogados que impulsaron las investigaciones han sido hostigados y amenazados de muerte, lo que motivó que la CIDH otorgara medidas de protección para ella y su principal testigo, desde octubre del 2002 hasta la fecha.
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