Foto: UNAM
México vive claroscuros en derechos humanos. Aunque registra avances sustantivos en la normativa (al elevarlos a rango constitucional) e impacto tanto de la ciudadanía (que utiliza redes sociales) como de la academia (con el diseño de algunas políticas públicas), afronta grandes desafíos en la consolidación democrática de las instituciones del Estado, planteó Gloria Ramírez, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales (FCPyS) de la UNAM.
En el país, los organismos públicos respectivos, que integran uno de los sistemas más grandes del mundo en la materia, tienen escasa incidencia al momento de resolver violaciones en casos relacionados con seguridad, acompañamiento a familiares de víctimas, pobreza, feminicidios y desigualdad social. La política de Estado respectiva no está consolidada, “es un esfuerzo incipiente a pesar de contar con recursos y órganos especiales”, estableció.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, señaló que el clima de violencia muestra una falta de gobernabilidad y desatención a las víctimas, al no detener y juzgar a los agresores. Los niveles de impunidad superan el 90 por ciento: sólo entre tres y cinco casos de cada 100 que llegan a las autoridades, terminan en aprehensión, refirió.
La situación del crimen organizado es resultado de la falta de gobernabilidad y democracia en el país, y las instituciones encargadas de la seguridad no han cumplido con sus tareas. En este marco, un Estado que no respeta los derechos humanos es contrario a la democracia, sostuvo.
Además, las garantías económicas, sociales y culturales no están resguardadas. Por ejemplo, la pobreza constituye una violación, y si no hay acceso al trabajo, tampoco a la alimentación, salud, educación o vivienda, es decir, a una vida digna, expuso.
Mecanismos internacionales
La coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM aludió a las sentencias de la Corte Interamericana respectiva hechas al Estado mexicano, que representan la oportunidad de establecer marcos de referencia para la creación de protocolos, mecanismos y una cultura de reparación del daño y redignificación de las víctimas.
Sin embargo, a pesar de que un tribunal internacional otorga la razón a los afectados o a sus familiares en sus demandas, éstas no se cumplen cabalmente, e incluso, son señalados, acosados y hostigados; “no tienen oportunidad de recuperar sus vidas”, detalló.
Entre los años 2000 y 2011, el gobierno mexicano recibió más de mil 100 recomendaciones relacionadas con violaciones en este rubro. No existe articulación entre los niveles federal, estatal y municipal para atenderlas, aún y que la Constitución establece que los mecanismos internacionales son obligatorios, refirió.
El papel de la Universidad
La reforma constitucional en la materia representa un hito al respecto. En este aspecto, la Universidad debe asumir la obligación de educar en la materia e introducir la enseñanza de los mecanismos internacionales, del derecho penal en el mundo y la importancia del empoderamiento de la sociedad civil, entre otros contenidos.
Al respecto, recordó la participación de la Cátedra UNESCO en el diseño y aprobación del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos, que incluye una propuesta de política de Estado, como un mecanismo jurisdiccional de obligatoriedad para las secretarías de la Función Pública, Gobernación y de Educación Pública.
La perspectiva de los derechos humanos implica respetar su indivisibilidad, interdependencia y universalidad, así como fortalecer el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad con políticas integrales que favorezcan la gobernabilidad democrática y la paz, concluyó.
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