Foto: UNAM
En el mundo, alrededor de mil millones de personas viven con alguna discapacidad. En México, además de las limitaciones que enfrentan en su vida cotidiana, al ser segregados, excluidos e ignorados por la sociedad en su conjunto, no existe presión para cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
Si bien no hay estadísticas confiables del número de casos en el país, la cifra podría ubicarse entre 10 y 15 millones de habitantes. Ante la carencia de información, el problema es soslayado por la ciudadanía y las autoridades, aseguró Esther Zúñiga Macías, de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.
En entrevista con motivo del Día Internacional de personas con discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, recordó que estos grupos constituyen la primera minoría en el mundo. En todos los sectores de la población considerados vulnerables –indígenas, mujeres, niños de la calle-, están presentes, en mayor o menor grado, reconocidos o no, precisó.
En general, subrayó, todas las leyes vigentes en el país que se refieren a esta población, carecen de reglamentos para ser aplicadas, lo que dificulta su cumplimiento. A ello se suma la escasa cultura de los mexicanos para adecuarse a normas y principios.
Además, la mayoría de las instituciones privadas que atienden a personas con discapacidad han surgido ante la falta de respuesta a sus necesidades de tratamiento y atención especializados por las autoridades involucradas.
Las perspectivas
Según la ONU, el 70 por ciento de las discapacidades son adquiridas. El aumento de los niveles de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otros padecimientos crónico-degenerativos; de la población de la tercera edad y de los accidentes automovilísticos, son un riesgo latente para incrementar el número que conforman a este segmento.
También, indicó Zúñiga, persiste la ignorancia acerca de los problemas que enfrenta este sector de la población, por limitaciones físicas, mentales y sensoriales, falta de apoyo, de servicios y de atención profesional.
Para contrarrestarla, se requieren campañas de sensibilización con objetivos a largo plazo y la formación de recursos humanos especializados, mediante la inclusión de estos temas en los planes de estudio de las carreras relacionadas con la problemática, como medicina, trabajo social y enfermería, entre otras.
La Universidad Nacional dispone de gran potencial al respecto, sus egresados pueden incidir en todos los niveles de atención, al proporcionarles herramientas e información acerca de la discapacidad, tema en el que prevalecen falacias y prejuicios. Se cree que no son capaces de amar y ser amados o de ejercer su sexualidad, ejemplificó.
En ciertas religiones existía la creencia que el nacimiento de un niño o niña con discapacidad representaba un castigo divino, lo que obligaba a esconder al menor. Hoy, estas personas apenas comienzan su inclusión social, explicó.
Primera Carta de Derechos Humanos del siglo XXI
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, -en vigor desde el 3 de mayo de 2008-, constituye la primera carta de derechos humanos del siglo XXI y representa un éxito en la lucha de esta población por su inclusión plena en la sociedad y en contra del maltrato, falacias y prejuicios que padecen a diario al vivir con Síndrome de Down, en sillas de ruedas, con sordera, ceguera u otras limitaciones.
De acuerdo al documento, la ONU puede exigir a los gobiernos federal, estatal y municipal, a instituciones y organismos descentralizados de México, la entrega de informes al respecto, precisó.
Los artículos del instrumento internacional están sustentados en los principios rectores del respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.
Al respecto, Zúñiga Macías consideró necesario que los discapacitados conozcan puntualmente esta convención para exigir su cumplimiento.
En México, no se ha difundido y no existe la presión para que los compromisos adoptados al ratificarla se cumplan. No hemos logrado que penetre en la sociedad y que las personas discapacitadas se organicen para exigir que se cumplan todos los preceptos que contiene, precisó.
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