Foto: Enciclomedios
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 41 agresiones contra 25 defensoras y mujeres periodistas de enero a marzo de este año, por lo que acusó que estas agresiones son consecuencia de la falta de respuesta de las autoridades ante la protesta social y las denuncias de las organizaciones civiles.
En un comunicado, la Red Nacional afirmó que en lo que va de 2014 ha aumentado la criminalización contra defensoras de Derechos Humanos (DH) y mujeres periodistas, toda vez que en menos de cuatro meses se registraron la detención arbitraria de dos activistas y la sentencia contra una defensora, así como ocho amenazas de muerte.
GDF contra activistas
A decir de la Red Nacional, la criminalización contra defensoras en el DF se ha incrementado desde el inicio de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. Ejemplo de ello, expuso, es el caso de Gabriela Hernández, sentenciada a un año y tres meses de prisión tras ser detenida el 29 de octubre de 2013, acusada del delito de “ultrajes a la autoridad”.
Según la acusación, basada en dichos de los policías, la activista golpeó y llamó “puercos asalariados” a los agentes que se encontraban en el búnker de la PGJDF, donde estaban detenidos decenas de jóvenes la noche del 2 de octubre de 2013. Tal señalamiento no fue comprobado, pero sirvió para encuadrar el tipo penal de “ultrajes a la autoridad”.
En 2013 la Red Nacional ubicó al DF en el lugar número tres de agresiones contra defensoras de DH y periodistas. La mayoría de estas agresiones fueron perpetradas durante manifestaciones públicas, por lo que la organización aseguró que el panorama podría agudizarse en especial si se aprueba una ley que regule las protestas callejeras.
La Red documentó que el pasado 6 de abril Enedina Rosas Vélez, comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, Puebla, fue detenida de forma arbitraria por participar en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos.
La activista se ha manifestado contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), un plan energético para instalar un gasoducto en las inmediaciones del volcán Popocatépetl y abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, municipio de Yecapixtla, en esa entidad.
La Red también documentó el caso de Rosina González, integrante de la organización ambientalista Greenpeace, y quien es acusada de daños y allanamiento de morada por Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de subir a edificio de la paraestatal en el puerto de Veracruz y colgar una manta contra la reciente reforma energética.
Pemex acusa a Rosina de daños provocados durante su protesta el pasado 1 de marzo, al romper una lámpara valuada en más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de cuatro a 10 años de prisión y multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo.
Por otra parte, Néstora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, cumplió hoy ocho meses en una prisión de máxima seguridad, tras ser detenida arbitrariamente el 21 de agosto de 2013.
Según la Red, pese a que recientemente se informó que se le dictaría el auto de libertad por el delito de delincuencia organizada, la defensora permanece en la cárcel porque continúan otros procesos en su contra.
Arrecia el acoso
Otros casos a los que se ha dado seguimiento son la persecución contra María del Carmen Ruíz, integrante de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco y quien el pasado 10 de abril fue perseguida por dos mujeres de quienes logró escapar.
También está el caso de Rosa Hernández, estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quien el pasado 9 de abril fue atropellada cuando se manifestaba junto con normalistas en la ciudad de Morelia, por lo que su estado de salud es grave.
En este contexto, las 83 organizaciones que conforman la Red Nacional exigieron a las autoridades federales y estatales el cese de todas las formas de agresión contra quienes defienden los derechos humanos.
=CIMAC=
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