Foto: Cámara de Diputados
En México, desde hace 25 años, el sistema penitenciario sufre una profunda crisis que se acentúa conforme pasa el tiempo y que hoy lo tiene sumido en una severa situación que se manifiesta en sobrepoblación, exceso de procesados, ausencia de programas efectivos de readaptación social (reinserción), corrupción e impunidad.
A nivel mundial, el sistema no conduce a la readaptación social de los internos, pues la institución carcelaria está en crisis global, señaló el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Mencionó que en los años ochenta y noventa, la población carcelaria en casi todo el mundo, en especial en Reino Unido, Estados Unidos y México, tuvo un crecimiento notorio, “lo que prueba un mayor énfasis en la cárcel como castigo”.
De acuerdo con el documento “Sobre los sistemas carcelarios”, publicado en la Revista Cámara del mes de abril, el CESOP resaltó que diversos estudios a nivel mundial demuestran que la prisión es un completo fracaso, que además impone un trato inhumano a los internos y sufrimiento a sus familias.
Diversos especialistas han señalado que el uso de las cárceles debiera reducirse al mínimo necesario, mientras que las sociedades modernas debieran dirigir su atención hacia los rasgos estructurales que producen conductas antisociales, como la correlación que existe entre pobreza y conflictos de clase, por un lado, y delito, por otro, apuntó.
Refirió que en el siglo XVII algunos países de Europa Occidental (y ahora Estados Unidos), están a la cabeza del crecimiento de la población penitenciaria. Sólo Alemania ha logrado disminuirla consistentemente a partir de 1983, debido a un cambio en la práctica de fiscales y jueces, así como Finlandia, con uno de los sistemas menos problemáticos.
El CESOP detalló que la cárcel no rehabilita, sino que de hecho inhabilita para la vida en libertad. Por eso Noruega abolió desde los años setentas el sistema de cárcel juvenil (reformatorio) -algo impensable para la mayoría de los juristas y penitenciaristas en países como el nuestro-.
Subrayó que un problema poco estudiado de la prisión es el número de funcionarios necesarios para su operación, así como el costo del sistema penitenciario siempre creciente, frente a la línea mensual de pobreza, en algunos países de América Latina.
“En la región cuesta más un hombre en prisión, que lo que recibe una familia por debajo de la línea de la pobreza. Esto sugiere que en términos sociales es más útil invertir en mejorar las condiciones de los pobres que continuar encarcelando delincuentes”, afirmó.
En el documento, el investigador del CESOP, Juan Ramírez Marín, destaca que la prisión tiende a acentuar la criminalidad en el delincuente convicto y el encarcelamiento resulta costoso y antieconómico, especialmente desde el punto de vista humano y social.
Resalta que en prisión se niegan, frustran y reprimen todos los atributos que una persona debe desarrollar como ciudadano, y uno de los elementos más negativos de la institución carcelaria es el aislamiento. “No se puede segregar personas y al mismo tiempo pretender reintegrarlas”.
Abunda que la prisión no es la única ni la principal responsable del funcionamiento del sistema de defensa contra la delincuencia. “Es quizá sólo la última posibilidad, el dique final para contener esos fenómenos. Es incuestionable que se debe atender y mejorar sustancialmente el sistema. Pero es irrefutable que la prisión no solucionará la problemática del delito y los infractores de la ley penal”.
Enfatiza que en tanto la sociedad moderna no encuentre otra forma más equitativa, racional y civilizada de prevenir, evitar el delito y contener a los delincuentes, “la cárcel seguirá siendo un mal necesario”.
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