Las personas se convierten en refugiados por cuestiones de seguridad, emergencia u otra condición que ponga en peligro sus vidas y la de sus familias. El otorgar refugio u asilo político es una de las formas más destacadas de cooperación y solidaridad entre pueblos y naciones, que resulta necesario estimular y reconocer.
Los refugiados enfrentan de diferentes modos el reto de abandonar su lugar de origen, y con ello su cultura, su idioma y costumbres para establecerse en otro país, en donde muchas veces sufren discriminación y rechazo, como una forma de expresión xenofóbica que les vulnera el acceso pleno a todas sus garantías individuales.
En el caso de México, es reconocida a nivel internacional su disposición para otorgar asilo y protección a la población que requiere de asilo político y refugio. México fue construyendo las condiciones normativas e institucionales para garantizar los derechos de los refugiados y sus familias, protegiendo así la seguridad jurídica de las personas a las que les presta asilo de manera solidaria.
Según el Instituto Nacional de Migración, la cifra de refugiados registrados hasta el 2012 ascendió a 1,245 personas, de los cuales 822 provenían de países de América Latina y del Caribe, cantidad mucho menor a la que México había registrado en la década de los 70 y 80. Esto parece deberse al cambio en el contexto político de la región, donde ahora predominan regímenes democráticos en los países que se habían significado como expulsores de personas solicitantes de asilo y refugio.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) cuenta con registros administrativos de la población refugiada en México desde el año 2002. Los datos disponibles apuntan a que del periodo 2002 al 2011 las personas solicitantes de asilo ascendieron 5,255. En ese mismo periodo, la población que logró ser reconocida como refugiada fue solamente de 1,186 personas, lo que representa el 23% del total de solicitantes: sin embargo, no se dio una explicación de cuál fue la causa de los rechazos.
La Ciudad de México se ha distinguido como centro receptor de refugiados provenientes de distintos países. De acuerdo a la Encuesta sobre la Población Refugiada en México (ENPORE 2011), cinco de cada diez refugiados que ingresan a nuestro país lo hacen por la Ciudad de México, lugar que junto con el área Metropolitana compartida con el Estado de México es el lugar donde el 86% prefiere quedarse a vivir, según la misma encuesta.
Los refugiados refieren – de acuerdo al estudio citado- ser sujetos de discriminación en el ámbito laboral, principalmente en forma de agresiones verbales (34.2 por ciento) y desconfianza en un 21.2 por ciento.
El Gobierno del Distrito Federal ha avanzado en el Marco Jurídico orientado a reconocer, garantizar y promover los derechos de migrantes, refugiados y pueblos indígenas originarios, con la entrada en vigor de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal. La Ley tiene como principal fundamento el que todos los seres humanos tienen derecho a un trato de igual dignidad y a que las instituciones públicas garanticen los derechos y apoyo necesario para proteger esa dignidad.
Estos avances habrán de consolidarse con la política pública que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal a favor de los grupos y comunidades migrantes y refugiadas, donde se contempla a éstos como huéspedes temporales sujetos de todos los derechos humanos, sin importar su calidad migratoria. El fin último de esta política es consolidar a la Ciudad de México como la Ciudad de las Libertades y los Derechos.
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