Foto: AI
La organización Amnistía Internacional (AI) envió una carta abierta al Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, en la que le expresa la preocupación por la investigación y rendición de cuentas de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el operativo realizado en 2006 contra manifestantes de San Salvador Atenco.
En la carta, la organización pide al gobernador que se cumpla con la obligación de investigar, ya que ni las autoridades estatales ni las federales han mostrado su compromiso en materia de derechos humanos para asegurar que todos los responsables de estos abusos rindan cuenta ante la justicia.
De la misma forma señala que esto no solo incluye a los policías directamente imputados sino también a los funcionarios responsables, por omisión o por comisión, de no prevenir las violaciones o no detenerlas cuando estas se constataron en vivo a través de las pantallas de las televisiones por todo el país. Asimismo, la cadena de mando que dio ordenes para realizar un operativo sin respetar los derechos humanos y los funcionarios que por omisión o por comisión permitieron el encubrimiento de los responsables durante seis años deben rendir cuenta ante la justicia. “En tanto que no se logre llevar ante los tribunales estos responsables, las autoridades no habrán cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos hacia las víctimas”, subraya.
Diario Jurídico comparte la carta íntegra.
Dr. Eruviel Ávila Villegas
Gobernador del Estado de México
Palacio Del Poder Ejecutivo,
Toluca, Estado de México, México
26 de Julio de 20
Doctor Gobernador:
Me dirijo a usted en esta ocasión para expresar la preocupación de Amnistía Internacional con relación a la actuación de las autoridades a su cargo para cumplir con su obligación de investigar y hacer rendir cuentas a todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el operativo policiaco que tuvo lugar en mayo de 2006 contra manifestantes en San Salvador Atenco, en particular la tortura, incluyendo la violencia sexual.
Amnistía Internacional documentó las violaciones de derechos humanos el mismo mes que fueron cometidas; este proceso de documentación incluyó entrevistas con muchas víctimas y con autoridades estatales y federales. La organización publicó este informe en el momento; México: Violencia contra las mujeres y denegación de justicia en el Estado de México, AMR 41/028/2006, 4 octubre 2006. La organización y sus miembros seguimos apoyando a las víctimas en su esfuerzo para lograr la verdad, justicia y reparación del daño, esfuerzo que han mantenido durante estos seis años de impunidad e incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional considera positiva la noticia anunciada en los medios sobre la decisión de ejercer acción penal contra tres policías implicados en los actos de tortura cometidos contra las mujeres detenidas como la detención de dos de estos policías (el tercero falleció durante el tiempo transcurrido desde el operativo).
Sin embargo, este anuncio con tintes mediáticos levanta serias dudas acerca del compromiso real de las autoridades para asegurar la justicia plena en este caso.
Primero, la decisión de emitir órdenes de detenciones en estas fechas parece orientada a evitar una crítica severa por parte de los miembros de la Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer quienes examinaron el cumplimiento de México de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer el pasado 17 de julio. Es de preocupación que el Estado mexicano revelara durante la sesión del Comité que las investigaciones penales conducidas por el ministerio público del Estado de México habían concluido en febrero y que habían consignaciones sobre 29 policías que supuestamente eran los perpetradores de los abusos y que se habían librado órdenes de aprehensión para tres de ellos, sin haber informado antes a las víctimas y sus representantes legales acerca de estos supuestos avances.
En segundo lugar, el hecho de que las víctimas y sus representantes legales nunca hubieran recibido información sobre las órdenes de aprehensión de los policías, los cargos en su contra ni las supuestas consignaciones, es una omisión grave. Las víctimas y sus representantes, en calidad de coadyuvantes tienen derecho a esta información y así como al acceso al expediente legal. Las autoridades han negado nuevamente el derecho a la verdad a las víctimas al obstaculizar que puedan constatar de forma independiente los elementos del expediente, incluso las pruebas recabadas e integradas y los cargos imputados. Por ejemplo, el hecho de que los detenidos y los consignados enfrenten cargos de tortura y no de otra índole se publicó de forma no oficial en los medios pero sin constancia de que así aparezca en los expedientes legales. Es importante corregir esta omisión grave y asegurar el pleno acceso de las víctimas y sus representantes a la información y al expediente.
Tercero, la negación de esta información no es meramente técnica, sino parece confirmar las críticas sobre la conducción del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que no recabó de forma debida las evidencias disponibles y se resistió a investigar las denuncias de las mujeres víctimas de abusos. La presentación de cargos de abusos de autoridad contra 21 policías y actos libidinosos contra otro – cargos irrisorios en comparición con la gravedad de los abusos cometidos –resultó en procesos judiciales incompletos los cuales permitieron que el poder judicial los absolviera durante la apelación. La actuación de las autoridades estatales ha causado una revictimización de las víctimas a cada paso, sin tomar medidas necesarias para que las víctimas puedan tener confianza en la actuación de las autoridades para hacer justicia. Estas nuevas detenciones parecen formar parte del mismo patrón.
Cuarto, hasta el día de hoy ni las autoridades estatales ni las federales han mostrado su compromiso en materia de derechos humanos para asegurar que todos los responsables de estos abusos rindan cuenta ante la justicia. Esto no solo incluye a los policías directamente imputados sino también a los funcionarios responsables, por omisión o por comisión, de no prevenir las violaciones o no detenerlas cuando estas se constataron en vivo a través de las pantallas de las televisiones por todo el país. Asimismo, la cadena de mando que dio ordenes para realizar un operativo sin respetar los derechos humanos y los funcionarios que por omisión o por comisión permitieron el encubrimiento de los responsables durante seis años deben rendir cuenta ante la justicia. En tanto que no se logre llevar ante los tribunales estos responsables, las autoridades no habrán cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos hacia las víctimas.
La quinta y última preocupación de la organización se relaciona con la amenaza recibida por Valentina Palma, estudiante chilena y una de las mujeres que sufrió la tortura durante el operativo policíaco. El 2 de julio de este año, Valentina Palma recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico en Chile, en el que se le amenazaba por denunciar estos hechos. Esta nueva amenaza subraya la situación de riesgo en la que se encuentran todas las mujeres que denunciaron estos hechos – un riesgo aumentado con la detención de policías imputados – y en consecuencia, las autoridades federales y estatales están obligadas a garantizar la seguridad de todas ellas e investigar esta amenaza reciente para llevar ante el juicio a quienes sean responsables.
Doctor Gobernador, espero que tome este caso con la seriedad que requiere y que haga todo lo posible dentro de sus funciones para asegurar que las víctimas y sus representantes legales tengan acceso a información sobre los avances en el caso, que todas las víctimas tengan acceso pleno a la justicia, la verdad y adecuadas reparaciones, y que se les brinde protección eficaz de acuerdo con sus deseos. Asimismo, le pido que las investigaciones sean llevadas a cabo cabalmente y que por consecuencia, se logre que todos los autores intelectuales y materiales, y todas las personas implicadas en los abusos por omisión u encubrimiento, sean llevados ante el juicio.
En vista de la trascendencia de este tema, estamos haciendo pública la presente.
Atentamente,
Javier Zúñiga Mejía Borja
Asesor Especial en Programas Regionales
C.c.p. Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero
Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Max Diener Sala
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