Foto: Presidencia
El Departamento de Justicia de EU le otorgó inmunidad diplomática al ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, por lo que el ex mandatario no enfrentará los cargos que se le imputan en un tribunal de New Haven (Connecticut) donde se le pretendía procesar como responsable intelectual de la matanza de Acteal.
Cabe señalar que dichos hechos se perpetraron en 1997, cuando un grupo indígena armado supuestamente por el Estado, asesinó a 45 indígenas de la comunidad Las Abejas, en Acteal, Chiapas (entre ellos mujeres embarazadas y niños).
Mediante un comunicado, el pasado viernes autoridades estadunidense precisaron que el gobierno de México realizó la solicitud de inmunidad al Departamento de Estado, a la cual accedió para mantener las buenas relaciones con la República Mexicana.
Por su parte, Roger Kobert y Marc Plugiese, del bufete Rafferty, Kobert, Tenneholtz & Hess, abogados de los demandantes del ex presidente Ernesto Zedillo lamentaron la decisión del Departamento de Estado de otorgarle inmunidad, pues reconocieron que ello representa el fin de la demanda civil en su contra.
“Estamos profundamente decepcionados por la decisión del Departamento de Estado de otorgar inmunidad al ex presidente, lo cual evitará que procedamos con el caso en contra”, señalaron.
El obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel pidió se investigue quienes son los verdaderos autores intelectuales y materiales de la matanza de Acteal.
En entrevista, tras la homilía dominical, el prelado se dijo respetuoso de la declaración de inmunidad que recibió el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León pero lamentó la liberación de varios indígenas presuntamente implicados en la masacre.
El ex presidente de Ernesto Zedillo Ponce de León fue acusado ante la Corte Federal por una decena de personas que se presentaron como sobrevivientes anónimos de la matanza de Acteal, en el estado de Chiapas, en la que murieron 45 hombres, mujeres y niños en diciembre de 1997.
De acuerdo con la acusación, la masacre de Acteal ocurrió a raíz de la implementación por parte del gobierno mexicano de El Plan de Campaña Chiapas 94, descrita como una estrategia secreta del gobierno para aplastar el movimiento insurgente zapatista de la década de 1990.
La demanda fue interpuesta, por el despacho de abogados Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, a nombre de 6 hombres y 4 mujeres, sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas, cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
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