Foto: Cámara de Diputados
Los diputados Humberto Benítez Treviño y María de Jesús Aguirre Maldonado, presidente y secretaria de la Comisión de Justicia, demandaron a la Secretaría de Gobernación que libere los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos 2012 para la ejecución del sistema procesal acusatorio, como parte de la reforma constitucional de 2008.
Dichos recursos, indicó el diputado Benítez Treviño, fueron aprobados para la adquisición de equipo, desarrollo tecnológico e infraestructura de las procuradurías y tribunales de justicia estatales y del Distrito Federal, que están en proceso de la aplicación del nuevo sistema judicial.
De no liberarse los recursos, advirtió, la reforma estaría condenada el fracaso, ya que es ampliamente sabido que se requiere invertir en la capacitación de ministerios públicos, jueces, magistrados y defensores, así como en infraestructura inmobiliaria y la construcción de centros especializados para la compurgación de las penas, en particular, de miembros de la delincuencia organizada.
Recordó que en junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional para establecer el sistema procesal penal acusatorio, disponiéndose en los artículos transitorios que éste entraría en vigor una vez establecida la legislación secundaria, a partir del día siguiente de la publicación del Decreto.
Benítez Treviño abundó que en dicha modificación se estableció la obligación al Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para destinar recursos suficientes que serían canalizados al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de infraestructura, así como la capacitación necesaria para el personal involucrado en la procuración e impartición de justicia.
Asimismo, dijo, y a efecto de que el sistema procesal penal acusatorio pueda implementarse, se ordenó la creación de una instancia de coordinación a cargo de una secretaría técnica, con el fin de coadyuvar y apoyar a las autoridades locales y federales, además de crear una instancia de coordinación, integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del sector académico, la sociedad civil, las conferencias de seguridad pública, de procuración de justicia y presidentes de tribunales.
Al respecto, la diputada Aguirre Maldonado mencionó que la Cámara de Diputados aprobó, dentro del Presupuesto de Egresos 2012, el recurso previsto como subsidio a las entidades federativas, en el ramo 04, Gobernación, destinado a la adquisición de equipo, desarrollo tecnológico y creación de infraestructura de las procuradurías y tribunales de justicia de los estados y del Distrito Federal.
Destacó que en la Comisión Permanente solicitaron exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a fin de liberar los recursos aprobados.
Abundó que, en consecuencia, la Federación, los estados y el Distrito Federal, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales para incorporar dicho sistema.
Concluyó que en el momento en que se publiquen estos ordenamientos, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir una declaratoria señalando expresamente que el nuevo sistema procesal ha sido incorporado y en seguida emprender las garantías constitucionales para regular la forma y términos en que se conducirán los procedimientos penales.
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